El proceso de instrucción para esclarecer las causas del accidente del pasado 18 de septiembre en el que falleció una joven logroñesa y resultaron heridas veinte personas (nueve de ellas, con lesiones de gravedad) ha experimentado esta semana un nuevo avance con la declaración ante el juez de los conductores del autobús accidentado y del camión contra el que colisionó a la altura del punto kilométrico 24 de la A-15, en el término municipal de Andradas (Soria).
Lo más significativo de la vista, que tuvo lugar este lunes en el Juzgado de Almazán, es que el chófer del vehículo corrige la versión que inicialmente había ofrecido ante la Guardia Civil. Entonces, había indicado a los agentes que se encontraba clicando unos billetes de los pasajeros que habían subido en Almazán cuando uno de ellos cayó al suelo y que, después de agacharse a recogerlo, no le dio tiempo a esquivar a un camión que circulaba por debajo de la velocidad permitida como consecuencia de una avería.
Ahora, en cambio, defiende ante el juez que no perdió de vista la carretera en ningún momento, ya que fue capaz de coger los papeles al vuelo y apunta a un error en el sistema de frenado de emergencia como posible origen del siniestro. Según su nueva declaración, en el momento del choque estaba activado el sistema ‘Active Brake Assist‘ (ABA) del autobús, cuya misión es la de advertir al conductor con señales acústicas y reducir la velocidad del vehículo con tres niveles de frenado.
Sin embargo, el conductor declara que el sistema no emitió ninguna señal sonora ante la proximidad del camión y los agentes no identificaron huellas de frenado en la calzada durante la elaboración del atestado policial. El mecanismo ‘ABA’ ha sido enviado a Alemania para que los técnicos determinen si, en efecto, hubo un error técnico y no humano detrás del accidente de Soria.
Llamadas al orden
Según ha podido saber NueveCuatroUno, la declaración del chófer se produjo mediante un sistema de videoconferencia desde los juzgados de Alcobendas y, durante la misma, este se mostró visiblemente nervioso, elevando el tono en repetidas ocasiones y siendo llamado a la calma por su propio letrado en varios momentos.
La acusación particular pide que hasta la celebración del juicio le sea retirado el permiso de conducir, si bien hasta el momento se encuentra de baja por depresión. La Fiscalía podría imputarle un delito de homicidio por imprudencia, cuya pena se eleva hasta los cuatro años de prisión.
Por su parte, el conductor del camión contra el que chocó el autobús se reafirmó en su declaración inicial, manteniendo que circulaba por debajo de la velocidad permitida como consecuencia de una avería en su vehículo.
