El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, José Carlos Orga, ha revocado el auto dictado el pasado 20 de octubre por la juez sustituta Rosa Esperanza Sánchez, ordenando que cesen las nuevas investigaciones de un posible delito urbanístico sobre las 69 parcelas de Villamediana -entre las que se encuentra el chalé del expresidente riojano Pedro Sanz- de los denominados sectores diseminados del Plan General Municipal.
Según la documentación a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, Orga contradice a Sánchez señalando que no hay razones para incoar un nuevo proceso penal sobre las personas objeto de investigación en dicho auto: “Es una instrucción judicial iniciada para recabar datos respecto de una generalidad de personas, al objeto de apreciar si de esos datos pudieran derivarse indicios de delito, sin que frente a ninguna de esas personas concretas se dirija el procedimiento y sin que ninguna de esas personas concretas ostente la cualidad de investigado”.
Y esa investigación, argumenta el magistrado titular, está “prohibida” en nuestro ordenamiento jurídico para evitar que su petición conduzca a una instrucción “prospectiva”, destinada a investigar de manera general y no concreta. Por tanto, devuelve el proceso a la denuncia interpuesta por la Fiscalía en marzo de 2015 que desembocó en un presunto delito urbanístico cometido por los propietarios de veinte parcelas -entre los que no se encuentra Pedro Sanz- y el exalcalde Tomás Santolaya por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Orga estima también en este nuevo auto que no existen indicios de prevaricación en la aprobación del Plan General Municipal (PGM) de la localidad: “Ni siquiera ha sido recurrido en vía contencioso administrativa y, según señala el Ministerio Público, asume criterios amparados por la Ley urbanística riojana, por lo que ningún indicio de delito se aprecia en su aprobación”. Por tanto, los concejales que votaron a favor de la aprobación del PGM no serán investigados por este supuesto delito que les imputaba la anterior juez.
RECURSO DE TOMÁS SANTOLAYA
José Carlos Orga ha estimado el recurso de reforma presentado por el exalcalde Tomás Santolaya contra el auto de la jueza, destacando que no es posible acogerse al argumento de que el resultado de esas indagaciones acordadas por el anterior auto puedan ser relevantes para la averiguación del delito de prevaricación. “La proscripción de las instrucciones que tienen el carácter de prospectivas no es sanable dependiendo del tipo de delito del que pudiera, en definitiva y a su resulta, obtenerse indicios”, critica.
El juez incide en esta cuestión sobre la investigación de nuevos datos de las parcelas porque “el rango constitucional del principio de seguridad afectado no permite superar un juicio de proporcionalidad en la ponderación de intereses en conflicto”.
LA INVESTIGACIÓN DEL SEPRONA
El SEPRONA investigó en 2014 una primera relación de las construcciones “claramente irregulares” de Villamediana y se elaboraron dos listas. La primera contemplaba los llamados “sectores diseminados” -69 construcciones susceptibles de ser legalizadas al pasar a ser suelo urbano, entre las que figuraba la del expresidente Pedro Sanz- y la segunda por las parcelas de los llamados “sectores rústicos”, en las que se contabilizaron 209 construcciones irregulares.
Apreció entonces que existían indicios que justificaran una investigación sobre cuarenta parcelas, ya que además de apreciarse infracción penal esta no podía estar prescrita. Efectuó sobre estas cuarenta un reconocimiento ‘in situ’ tanto a nivel de suelo como mediante vuelo en helicóptero, constatando sobre el terreno los datos recopilados y se centró en aquellas construcciones que, no estando penalmente prescritas, supusieran una modificación sustancial o de consideración respecto a la originaria o bien nuevas en su integridad. Eso dejo la lista en veinte, que son aquellas sobre las que continúa actuando la justicia riojana en 2017.
