El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua se ha personado como acusación particular en la causa que investiga la aprobación del Plan General Municipal (PGM) que significaba la legalización del chalé del expresidente riojano Pedro Sanz y la presunta prevaricación del exalcalde Tomás Santolaya y varios concejales.
Tras salir adelante el pasado 2 de enero una moción de censura que hacía alcaldesa de la localidad a Ana Belen Martínez (PSOE) en detrimento de Rubén Gutiérrez (PP), investigado por esta causa junto a otros tres ediles populares del Equipo de Gobierno, los nuevos dirigentes del Consistorio han adoptado esta decisión “por si Villamediana pudiera ser perjudicada” y “siguiendo la hoja de ruta de la regeneración democrática”, según señala Martínez a NueveCuatroUno.
Pese a la cautela mostrada por la primera edil, el resto de grupos confía en que esta nueva situación pueda servir para que el Consistorio reciba la documentación del caso con mayor celeridad y la causa no sea archivada. Sin embargo, no ha sido la única decisión apremiante que han tomado en relación con los asuntos judiciales del municipio. PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos también han acordado prescindir de los servicios del abogado externo del Ayuntamiento, Javier Barinaga.
“No puede ser que represente al Ayuntamiento, a Pedro Sanz, a Tomás Santolaya, a Foralia… representa a todos. No entiendo cómo se puede representar a partes contrapuestas”, indica Jesús Cámara (IU) a este medio, en la misma línea que Modesto Fernández (C’s): “Evidentemente, no se puede ser juez y parte en una misma causa. No puede trabajar para el Ayuntamiento en una causa en la que también representa a otra persona. Es algo de juzgado de guardia”.
NueveCuatroUno ha intentado conocer la versión del abogado, pero este ha declinado realizar declaraciones sobre el caso y la decisión.
Barinaga no contaba con ningún contrato con el Consistorio villametrense sino que era requerido cuando así se estimaba oportuno y facturaba los servicios prestados. A partir de ahora, según informan fuentes municipales, se buscarán abogados especialistas en las materias que vayan a defender, teniendo siempre en cuenta las incompatibilidades como la que deja entrever este caso por la mezcla de intereses entre los diferentes actores de la causa.
La alcaldesa, siempre desde la máxima precaución en sus declaraciones, comenta que es otra muestra de la “regeneración democrática” iniciada, destacando que es un hombre “reconocido” porque ha llevado los casos más mediáticos de la localidad, pero entiende que hay otros letrados para llevar los casos.
EL INFORME DE BARINAGA
El 12 de abril de 2012, el arquitecto del Ayuntamiento de Villamediana, Esteban Pardo, emitió un informe en el que señalaba que las obras ejecutadas en el chalé de Pedro Sanz respecto a la primera licencia “no se ajustaban a las condiciones establecidas” y que las de la segunda licencia excedían del contenido de la misma. Sobre la tercera licencia, volvió a señalar que las obras no se ajustaban a las condiciones y los concejales del Consistorio evidenciaron que se estaba ante una infracción urbanística grave.
Ante esta situación, comenzó la revisión del plan urbanístico de la localidad. En junio de 2013 se incluyó la zona del chalé como “suelo urbanizable delimitado” y se pidió un nuevo informe al arquitecto municipal para comprobar si esas irregularidades estaban subsanadas. Este se negó solicitando un informe jurídico, por lo que el entonces alcalde, Tomás Santolaya, contrató a Javier Barinaga para hacer este trabajo.
Tras la aprobación del plan urbanístico, apuntaba el informe de Barinaga, “las obras son legalizables y las infracciones cometidas con las tres licencias son leves”. Esteban Pardo calificó entonces las irregularidades de Sanz como “leves” y el Ayuntamiento se agarró al nuevo plan para pasar página y realizar los trámites urbanísticos correspondientes en ese sector.
EL AUTO DE LA JUEZA
El auto de la jueza conocido hace unas semanas considera que se “podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismos, sino de favorecer a una persona a y unos intereses en particular”.
Lo que resulta “indiciario” y “presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanísticos objetivos de armonización del medio natural y el núcleo urbano”, señala la jueza, es que el PGM de Villamediana haya clasificado el suelo donde se asentaban las 69 construcciones como urbanizable, pues es fácil apreciar que esos sectores están más alejados del núcleo urbano que otros también investigados y porque presentan una concentración menor de edificios, que siguen siendo suelo no urbanizable.
“Constituye una resolución administrativa contraria a la Ley, que provoca un resultado injusto que sólo pretende hacer efectiva la voluntad particular de los funcionarios que intervienen en dar un trato de suelo urbanizable al suelo que no tenía la consolidación suficiente ni proximidad al núcleo urbano y, desde luego, mucha menos que otros polígonos que no obtuvieron esa misma clasificación”, apunta el auto.
