El juez del caso Mutua Universal ha comenzado a pedir a las empresas la devolución del dinero que recibieron de la mutua en un fraude a la Seguridad Social de 200 millones de euros. La mayoría son empresas, pero también hay instituciones públicas que tienen que consignar el dinero como el Gobierno de La Rioja (1,288 millones de euros), según ha publicado este lunes El Confidencial, aunque desde el Ejecutivo regional se afirma no tener constancia de tal hecho ni de ninguna notificación al respecto.
El caso, que también afecta a otro organismo público como la Universidad de Barcelona, se remonta a 2007 cuando se imputó a once directivos de la entidad de previsión catalana, acusados de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación indebida. Según el informe pericial encargado por el juzgado, el Ejecutivo regional se habría ahorrado 1,28 millones de euros en descuentos ilegales en las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores entre 1998 y el 2007.
Este informe, publicado por el diario Público en 2011, señala en el caso riojano que Mutua Universal habría pagado facturas de clientes y habría cedido personal cuyo coste asumía. Cita expresamente la reforma de un centro sanitario, la contratación de un ATS (16.300 euros) y la posibilidad de contratar un técnico a tiempo parcial que haría dedicación real pagando la diferencia la mutua (13.800 euros al año).
El efecto práctico de esta trama era una rebaja de las cotizaciones de sus clientes, con un dinero que no era suyo sino de todos los trabajadores, a través de las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que el Estado les descuenta cada mes. El director regional de Mutua Universal ya reconoció en su día al diario La Rioja sí había podido haber sobreprestaciones, “al igual que con otros clientes, como hacen todas las entidades de este sector, ya que si no las ofreces estás fuera del mercado”.
Se da la casualidad de que el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja en 2011 es ahora el consejero de Justicia: Conrado Escobar. En su momento explicó que el contrato con Mutua Universal se firmó en 1992 y se actualizó en el año 2000. “Lo que puedo asegurar es que ningún juzgado o institución se ha dirigido a nosotros para pedirnos alegación o explicación ni administrativa ni judicial”, señaló hace cinco años, para añadir que Mutua Universal ha trabajado bien en La Rioja y que no tenían constancia de las irregularidades que se le achacan.
¿POR QUÉ SE LE PIDE EL DINERO AL GOBIERNO REGIONAL?
La instrucción ha durado casi una década y el caso se encamina ya a juicio. El fiscal pidió el pasado mes de noviembre quince años y medio de cárcel para el exdirector general de Mutua Universal y principal acusado de la trama, Juan Aicart, así como penas de hasta seis años y diez meses para una decena de exdirectivos de la entidad.
Tras intentar embargar a estas personas y no conseguir ni un euro, el siguiente paso del juzgado ha sido pedir a las empresas que se beneficiaron que depositen lo que recibieron, según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial. Las empresas están en el caso como “partícipes a título lucrativo”, lo que según el Código Penal les obliga “a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.
