El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Logroño ha dictado un auto por el que suspende la convocatoria del proceso de selección convocado por el Servicio Riojano de Salud (SERIS) para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de médicos, ha detallado este martes el diputado autonómico socialista Miguel González de Legarra.
Se trata de una resolución judicial que trasciende el ámbito de un procedimiento administrativo y que cuestiona la forma en la que el Gobierno de La Rioja intenta gestionar la falta de médicos, ha añadido en una nota.
Ha explicado que cuando un juez decide suspender cautelarmente una actuación de una Administración Pública “no lo hace por un mero defecto formal, ni por una cuestión menor, lo está haciendo porque aprecia indicios suficientemente sólidos de que esa actuación puede ser contraria a Derecho”.
El juez, ha incidido, ha suspendido la convocatoria aprobada por el SERIS para incorporar personal fijo en la nueva categoría denominada ‘técnico titulado superior rama sanitaria (médico)’, de la oferta pública de empleo (OPE) de 2025, porque «entiende que existen razones suficientes para pensar que puede vulnerar la legislación básica del Estado”.
El origen de este problema, ha dicho, es que el Gobierno de La Rioja no convocó en esa OPE plazas de médicos de familia ni de facultativos especialistas, sino que creó una categoría que, jurídicamente, pertenece al ámbito del personal de gestión y servicios.
Las funciones que se les iban a exigir a estos nuevos contratados no eran tareas administrativas, sino funciones asistenciales que solo pueden desempeñar médicos especialistas, como hacer cribado de pacientes, prestar asistencia telefónica, apoyar la atención continuada, gestionar bajas médicas, recetas y colaborar directamente con los centros de salud, según González de Legarra.
El Gobierno riojano, ha indicado, ha querido resolver un problema sanitario mediante un artificio administrativo.
Ha considerado que ello es «extraordinariamente grave, porque cuando un Gobierno empieza a buscar atajos para evitar afrontar un problema estructural, deja de gestionar y empieza a improvisar”; y cuando «esa improvisación acaba encima de la mesa de un juez, nos encontramos con un serio problema de gestión”.
Cree que esta resolución retrata una forma de gobernar del Ejecutivo regional, que es «incapaz de atraer profesionales e intenta cambiar el nombre de las plazas para hacer creer que lo ha resuelto”.
«El Gobierno pretende resolver la falta de médicos mediante fórmulas cuya legalidad acaba teniendo que decidir un juez”, ha subrayado.
Para él, el Ejecutivo riojano «ha perdido el rumbo», su presidente, Gonzalo Capellán, «permanece impasible mientras la sanidad pública riojana entra en una deriva cada vez más preocupante»; y la Consejería de Salud sustituye la planificación por la improvisación.
