CSIF ha reprochado este martes a la Gerencia de la Universidad de La Rioja (UR) la creación del puesto eventual de adjunto para la comunicación en la Oficina de la rectora, Eva Sanz; mientras «se abandonan» necesidades históricas del resto de la plantilla.
La modificación parcial de la relación de puestos de trabajo contempla la creación del puesto eventual adjunto para la Comunicación en la Oficina de la Rectora, con nivel A1, sin titulación específica, que supondrá un coste superior a los 60.000 euros anuales, ha añadido CSIF en una nota.
Cree que esta contratación es “inadmisible” y ha reprochado a la Gerencia la “total desconexión” con las necesidades reales del personal de la UR, donde, durante años, se han bloqueado las mejoras laborales de la plantilla al escudarse de forma recurrente en la falta de presupuesto.
Entre esos agravios y mermas de derechos, ha destacado el impago prolongado de los grados 1 y 2 de la carrera profesional, la ausencia de incrementos en los complementos específicos en la mayoría de cuerpos y escalas; y la falta de fomento de más plazas para la promoción interna.
CSIF ha precisado que, mientras las demandas históricas de los trabajadores permanecen desatendidas, la Gerencia ha justificado este nuevo gasto al argumental la necesidad de «reforzar la coordinación estratégica de la comunicación institucional».
Ha recordado que la UR ya contaba con una Oficina de Comunicación, integrada en el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación, pero en esta modificación parcial de la relación de puestos de trabajo también se contempla la división de esta Oficina en dos servicios diferenciados.
Así, figuran el Servicio de Comunicación y Relaciones con los Medios, integrado por cinco personas; y el Servicio de Difusión, Cultura y Proyección Institucional, formado por otras cinco.
Además de estos servicios, se mantiene el Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación, con un director al frente; al que se une el puesto de adjunto para la Comunicación, dependiente directamente del Rectorado.
Esta decisión, para CSIF, evidencia «un agravio comparativo intolerable y una preocupante falta de sensibilidad hacia los empleados públicos de la UR».
