El Consejo Consultivo de La Rioja ha despejado el principal obstáculo jurídico para garantizar la conservación del torreón número 12 de la muralla de Santo Domingo de la Calzada. En un dictamen emitido a petición del Gobierno riojano, el órgano consultivo concluye que el Ayuntamiento puede aceptar la cesión del inmueble como pago de la deuda derivada de la ejecución subsidiaria de las obras de conservación realizadas por la Comunidad Autónoma, una fórmula que permitiría incorporar el torreón al patrimonio municipal y asegurar su protección.
El dictamen, no obstante, aclara que esa posibilidad no constituye una obligación para el Consistorio, sino una facultad que deberá ejercer de forma motivada. En caso de optar por esta vía, la decisión deberá ser aprobada por el Pleno municipal, al tratarse de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, el Consultivo recuerda que el Ayuntamiento también podría recurrir a otras fórmulas previstas por la legislación, como la compra o la expropiación forzosa.
La consulta fue planteada por el Gobierno de La Rioja después de que surgieran dudas sobre la posibilidad legal de aceptar el torreón como dación en pago de la deuda generada por las obras de emergencia ejecutadas por la Administración autonómica para evitar el deterioro del inmueble, integrado en el recinto amurallado de la ciudad calceatense.
Tras conocerse el contenido del dictamen, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, ha anunciado que el Ayuntamiento remitirá el documento a los servicios jurídicos municipales para estudiar su alcance antes de adoptar una decisión definitiva. El informe también será trasladado al resto de grupos políticos de la corporación con el objetivo de analizar conjuntamente las distintas alternativas.
El regidor ha insistido en que la voluntad del equipo de gobierno sigue siendo preservar el torreón y garantizar la conservación de la muralla, al tiempo que ha recordado el compromiso adquirido con el Ejecutivo autonómico para buscar una solución que permita asegurar el futuro de este elemento patrimonial.
Con este pronunciamiento, el Consejo Consultivo elimina la principal incertidumbre jurídica que pesaba sobre la operación y deja ahora en manos del Ayuntamiento la decisión de aceptar o no el inmueble como forma de saldar la deuda derivada de las actuaciones ejecutadas para evitar su deterioro.
