La Asociación Ecologistas en Acción de La Rioja ha pedido al Ayuntamiento de Logroño, a través de una carta, los datos de contaminación atmosférica en los entornos escolares de la ciudad.
En una nota, ha defendido la rigurosidad científica de las mediciones efectuadas por Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (FAPA) y ha exigido al Ayuntamiento de Logroño que haga púbicos «los datos rigurosos y científicos que dice disponer».
Ecologistas en Acción y FAPA Rioja informaron el pasado 15 de abril, en un comunicado conjunto, que el entorno escolar del CEIP Ana María Matute de Logroño es el único donde se respira aire seguro, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y todos los restantes de la ciudad están por encima de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2 ).
Escologistas en Acción se ha referido a que el Gobierno local, en el pleno municipal del pasado 7 de mayo, aludió a la falta de rigurosidad científica de esos datos e indicó que la calidad del aire de Logroño es de las mejores de España.
Por ello, esta asociación ecologista ha pedido al Ayuntamiento que remita los datos completos de las mediciones de contaminación atmosférica en entornos escolares a las que se hizo referencia en ese pleno.
Su deseo es que detalle el periodo temporal durante el que se realizaron las mediciones, los puntos concretos donde se tomaron las muestras o mediciones; los contaminantes objeto de análisis, la metodología y los sistemas de medición empleados.
También quiere saber los valores obtenidos, los límites legales utilizados como referencia, si esas mediciones las realizaron personal funcionario o técnico municipal, si participaron profesionales autónomos externos y si se encargaron a una empresa o entidad contratada.
Esta asociación ecologista ha añadido que si no se han realizado esas mediciones mencionadas en el pleno, desea que se explique si hay previsión de llevarlas a cabo, el calendario establecido y el área municipal responsable de su ejecución.
Ha incidido en que el acceso a esta información es de «evidente interés público» porque afecta directamente a la salud pública, a la calidad ambiental y a la protección de la infancia en los entornos escolares.
