Días después de que el desahucio quedara aplazado in extremis en la calle Segundo Arce de Logroño, la inquilina afectada —que prefiere mantener el anonimato— sigue lejos de sentir alivio. El lanzamiento de ella y de su hijo de 14 años ya había sido suspendido el pasado 20 de abril y aplazado hasta el 29 de mayo, pero el Sindicato de Vivienda en La Rioja ha logrado ahora frenarlo hasta que el propietario del piso, un fondo de inversión considerado gran tenedor, acredite que ha ofrecido una alternativa habitacional a la familia. La decisión concede algo de aire, sí, pero no cierra un proceso que arrastra desde hace años y que, según denuncia, la ha sumido en una situación de desgaste económico, emocional y administrativo. «No se vive bien en esta situación», resume. «No pueden jugar así con la vida de las personas».
Tras esta suspensión, el sindicato centra ahora sus esfuerzos en otros dos desahucios previstos en la calle Somosierra, ambos en casos de alta vulnerabilidad. El primero está fijado para este miércoles 20 de mayo, a las 12.30 horas, y afecta a una madre con dos menores y vulnerabilidad reconocida, sin alternativa habitacional; el segundo está previsto para el viernes 22 de mayo, a las 12 horas, en el número 18 de la misma calle, y afecta a una persona perceptora del Ingreso Mínimo Vital. El colectivo ha anunciado concentraciones de apoyo en ambos lanzamientos y denuncia que no se están valorando adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad.
La mujer rechaza el relato simplificado que a menudo acompaña a los desahucios. Insiste en que su caso no tiene que ver ni con una ocupación ni con una negativa a pagar el alquiler. «Mi caso es una situación de abuso», sostiene. Según explica, el origen del conflicto con la propiedad de la vivienda, en manos de Témpore Properties SOCIMI S.A., un gran tenedor vinculado a la Sareb, se remonta a una sucesión de cobros que considera irregulares, facturas confusas, reclamaciones contradictorias y cambios contractuales que, a su juicio, nunca se aclararon debidamente. «Yo no me negaba a pagar. Lo que quería era saber qué tenía que pagar realmente», afirma.
Su relación con la empresa comenzó en 2019, cuando accedió a la vivienda como madre soltera con un hijo de 8 años a su cargo y con una economía ajustada. Eligió ese piso, recuerda, porque era de los pocos que podía permitirse. Sin embargo, asegura que los problemas empezaron pronto. Habla de recibos del agua que no correspondían a su vivienda, de importes distintos por los mismos conceptos, de subidas de renta que, según dice, no se notificaban correctamente y de una atención al inquilino que nunca resolvía nada de forma definitiva. «Siempre era lo mismo: que ya lo mirarían, que ya lo solucionarían, pero los problemas seguían ahí», relata.
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Con el paso del tiempo, esa acumulación de incidencias la llevó a tomar una decisión: dejar de pagar mediante domiciliación bancaria y empezar a realizar ella misma las transferencias, para controlar con exactitud qué abonaba. No era, insiste, una forma de dejar de cumplir, sino de intentar hacerlo con seguridad. Además, fue consultando con organismos públicos y guardando documentación, correos electrónicos y justificantes. En su relato aparece una idea constante: la imposibilidad de saber con claridad qué cantidades eran correctas y cuáles no. «No puedes pagar doble ni pagar a ciegas cuando tu economía no te lo permite», resume.
El punto de inflexión llegó en 2022, cuando, según su versión, un representante de la propiedad le comunicó que debía abandonar la vivienda porque su contrato terminaba. Ella sostiene que eso no era cierto y que el contrato seguía vigente hasta este año. A partir de ahí, describe un escenario de presión creciente, con propuestas de renovación, modificaciones en las condiciones y conversaciones que nunca terminaban de cristalizar en documentos claros. En ese contexto sitúa también el origen del supuesto impago que acabó en los juzgados: dos mensualidades que, según asegura, no abonó porque el propio gestor le indicó que quedarían compensadas con cantidades que la empresa le debía por otros conceptos. Esa compensación, sostiene, fue explicada por escrito, pero no fue tenida en cuenta de manera efectiva en el procedimiento.
La sentencia en su contra llegó en 2023 y, desde entonces, el caso ha continuado avanzando. La mujer mantiene que ha seguido pagando el alquiler y que incluso la deuda reclamada fue cubierta mediante embargo de nómina. Por eso no entiende que el lanzamiento haya seguido adelante. «Primero pagué y después me iban a echar», lamenta. A ello suma otra circunstancia que considera especialmente grave: la falta de atención suficiente a su situación de vulnerabilidad y a la de su hijo menor. El aplazamiento acordado este lunes se produjo precisamente por la necesidad de incorporar al procedimiento un informe de vulnerabilidad del menor, un documento que, a su juicio, debería haber sido tenido en cuenta mucho antes.
Más allá del plano jurídico, su testimonio pone el foco en las consecuencias cotidianas del proceso. Cuenta que ya había empezado a vaciar la vivienda, que retiró muebles y electrodomésticos por miedo a perderlos y que ahora vive en una especie de limbo, sin saber si debe recomponer su casa o prepararse de nuevo para marcharse. «Entro en casa ahora y no tengo ni un frigorífico», explica. La escena, en realidad, resume bien el estado en el que dice encontrarse: el de una familia que sigue en su vivienda, pero que ya no puede habitarla con normalidad.
En ese contexto, la movilización vecinal del lunes y el apoyo del Sindicato de Vivienda de La Rioja han sido, reconoce, un sostén importante. Agradece la solidaridad recibida y el respaldo de quienes acudieron al portal para impedir que el desahucio se ejecutara. Pero ese acompañamiento no borra la incertidumbre de fondo. Con una nómina embargada, explica, resulta casi imposible acceder a otro alquiler. Y con ese mismo antecedente, tampoco ve factible obtener financiación para comprar una vivienda. «He estado en tierra de nadie», resume.
Lo dice desde la experiencia. Ya ha vivido años de reclamaciones, procedimientos y prórrogas. Por eso ha decidido hablar. No tanto para poner el foco solo en su situación, sino para cuestionar una imagen muy extendida sobre los desahucios. «La gente tiene que ver la realidad», sostiene. «No siempre se trata de alguien que deja de pagar y ya está. A veces lo que hay detrás es que alguien se aprovecha de ti».
