Vecinos de la urbanización Torresolano, en Nalda, aseguran que el derrumbe del muro de contención que ha provocado el desalojo de varias viviendas tiene su origen en una situación urbanística sin resolver desde hace años.
Según explican, la urbanización fue recepcionada de forma provisional en 2011, con un plazo de dos años para subsanar deficiencias, entre ellas los muros de contención. Sin embargo, ese proceso no se completó y la recepción definitiva nunca se formalizó.
«La urbanización no estaba recepcionada», insisten varios residentes, que consideran que esta circunstancia ha generado un vacío en la asunción de responsabilidades sobre el mantenimiento y las reparaciones. Desde el consistorio reconocen esta máxima: la urbanziación no estaba recepcionada pero la alcaldesa Raquel Arrieta asegura que «antes de decir nada quiero informarme bien de cual era la situación de esta urbanización».
Los vecinos afirman que han trasladado reiteradamente al Ayuntamiento el deterioro de los muros de contención. Sitúan las primeras quejas en torno a 2015 y aseguran que se han mantenido en el tiempo mediante escritos y comunicaciones formales.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
En concreto, señalan que el pasado 20 de marzo de este mismo año notificaron movimientos del terreno y grietas de hasta 15 centímetros en varias estructuras. Según su versión, no se adoptaron medidas antes del colapso ocurrido el 3 de mayo.
Problemas estructurales
Entre las deficiencias detectadas, los residentes apuntan a: falta de sistemas de drenaje en los muros, uso de materiales de relleno inadecuados y desplazamientos progresivos de las estructuras sobre el terreno. Estas circunstancias, según los vecinos, han provocado un deterioro continuado que finalmente ha derivado en el derrumbe.
Los afectados sostienen que la falta de recepción definitiva ha dificultado la exigencia de responsabilidades tanto a la empresa promotora como a la administración local.
Recuerdan, además, que una sentencia de 2023 atribuía a la empresa propietaria la obligación de reparar los desperfectos de la urbanización, señalando que debía ser el Ayuntamiento quien exigiera su cumplimiento. Pero nada se hizo.
A este contexto se suma el testimonio de una vecina cuya vivienda se encuentra junto a las casas desalojadas, que describe una situación «enquistada desde hace más de una década» y marcada por la falta de soluciones definitivas. «Llevo muchos años viviendo aquí y el problema del muro de contención viene de lejos. Se han ido pasando la pelota unos a otros y se han solucionado pocas cosas», explica. Según detalla, hace años sí se intervino en el tramo que afecta a los adosados, pero quedó pendiente precisamente la zona que ahora ha colapsado, correspondiente a las viviendas unifamiliares.
La residente pone el foco en el origen del conflicto, ligado a la situación administrativa de la urbanización y a la falta de claridad sobre la titularidad de los muros. «En su día nos dijeron que también éramos propietarios del muro, pero nosotros entendíamos que no nos correspondía». Esta incertidumbre llevó a algunos vecinos a recurrir a abogados y a revisar proyectos y documentos urbanísticos en un contexto en el que la constructora llegó a quebrar y la urbanización quedó solo parcialmente recepcionada por el Ayuntamiento.
A ello se suma la división entre los propios vecinos a la hora de abordar el problema. «Ha habido muchas opiniones, muchas versiones y también muchos enfados. Se creó una asociación de vecinos, pero no todos formamos parte. Ha sido difícil ponerse de acuerdo en cómo actuar», explica. Recuerda además que parte de los residentes impulsaron acciones judiciales que derivaron en una sentencia favorable para reparar uno de los muros, aunque la solución nunca se extendió al conjunto de la urbanización.
Sobre el episodio del derrumbe, la vecina relata que ya el domingo por la mañana se detectaron desplazamientos en la estructura, lo que motivó la presencia de técnicos municipales, bomberos y Protección Civil. «En un primer momento nos dijeron que no había peligro, pero con las lluvias del mediodía la situación empeoró muy rápido y por la tarde ya se decidió desalojar».
En su caso, su vivienda no ha sido desalojada, aunque se encuentra en una zona limítrofe. Los técnicos han señalado que el tramo de muro que afecta a su parcela presenta menor riesgo, aunque no descartan incidentes. «Nunca te pueden garantizar un riesgo cero». La principal preocupación, añade, no es tanto la caída de bloques como el posible corrimiento de tierras, que ya afecta a las viviendas contiguas.
Pese a ello, reconoce que la inquietud es constante. «Tranquila no estoy. Es algo que tienes encima de casa y no es controlable. Esta noche apenas he dormido, salía cada dos horas a comprobar cómo estaba todo», relata. Por el momento ha decidido permanecer en su domicilio, aunque advierte de que su decisión podría cambiar si observa cualquier empeoramiento. «Estoy vigilando continuamente, sobre todo por las lluvias. Si veo que la cosa va a más, me marcharé», asegura.
Con todo, considera que, pese a la gravedad de lo ocurrido, el derrumbe puede servir para desbloquear una situación que llevaba años sin resolverse. «Igual ha tenido que pasar esto para que se terminen de aclarar responsabilidades y se arregle definitivamente».
Los vecinos también denuncian que, pese a no contar con todos los servicios municipales al no estar recepcionada definitivamente, continúan abonando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Asimismo, indican que el proyecto original incluía infraestructuras, como una zona deportiva, que no llegaron a ejecutarse.
