La Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja (UR), junto a la de Salamanca (USAL), ha emitido un informe sobre el certificado de vulnerabilidad exigido en el procedimiento extraordinario de regularización de migrantes, en el que urge al Gobierno de España a flexibilizar el requisito para obtener este documento.
Esta iniciativa es un proyecto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, con una filosofía de Aprendizaje–Servicio (ApS) enfocada a reforzar la formación del estudiantado abordando casos reales, ha detallado este lunes la UR en una nota.
El informe ha sido elaborado por Irene Vida y Giuliana Stephanie Hopkins, estudiantes del máster de acceso a la abogacía y la procura de la UR; así como por Sergio Aguado y Silvia Rodríguez, estudiantes del doble grado en Derecho y Criminología de la USAL.
También ha sido tutorizado por David San Martín, profesor de Derecho Administrativo de la UR; y por parte de la USAL, han participado Antonia Durán, catedrática de Derecho Internacional Privado, y Nuria del Álamo, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales.
El proceso de regularización extraordinaria aprobado en España exige de las personas que desean beneficiarse diez exigencias (mayoría de edad, presencia física en España y entrada antes del 1 de enero de 2026, entre otras), así como acreditar varias circunstancias.
Según San Martín, la obtención del certificado de vulnerabilidad es un trámite que «carece de sentido jurídico y, además, responde a una mala configuración procedimental», pero que «es un requisito crítico para el acceso al procedimiento que puede dejar fuera a miles de personas».
En relación al concepto de «vulnerabilidad acreditada», el informe propone que se estime el derecho de las personas interesadas a no suministrar datos que ya obren en poder de las administraciones.
También ha sugerido que se habilite a las entidades competentes para acreditar la condición de vulnerabilidad para expedir los certificados basándose en declaraciones responsables de las personas interesadas.
Además, el informe ha demandado que la administración admita el justificante de haber pedido el certificado de vulnerabilidad a una entidad pública competente o del tercer sector colaboradora para tramitar la solicitud de regularización y permita presentar el documento definitivo en la fase de instrucción.
Los redactores del informe han pedido más adhesiones dentro y fuera de la Red Española de Clínicas Jurídicas para presentar una petición ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la esperanza de que tomen en consideración algunas de estas soluciones para flexibilizar el requisito.
