La diputado autonómico socialista Miguel González de Legarra ha asegurado este martes que La Rioja podría perder casi 4 millones de euros de fondos europeos por la «mala» y «nefasta» gestión en la Fundación para la Transformación.
Esta diputado ha explicado que esta Fundación ha licitado la organización de un evento, por un importe de 3,88 millones de euros, que incluye los trabajos necesarios para el diseño, producción y ejecución de un proyecto de tres días.
Ese proyecto incluye el Congreso Mundial de Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial en Español, la Feria Internacional sobre Emprendimiento en el Área de Inteligencia Artificial en Español y el espacio de experiencias denominado ‘Jardín de la Lengua’, ha precisado González de Legarra en una nota.
Para él, lo grave es que «la razón por la que es caro (el evento) se debe a que los responsables de la Fundación no han hecho su trabajo», ya que este proyecto nació durante el anterior Gobierno riojano, liderado por la socialista Concha Andreu, y está vinculado a un convenio firmado en 2023.
«Tras tres años de indolencia y sin hacer absolutamente nada, más allá de elevarse el sueldo de manera ilegal, ahora (los responsables de la Fundación) han tenido que licitar el contrato deprisa y corriendo”, ha afirmado.
El problema, ha relatado, es que «no hay margen real para su ejecución», ya que todos los proyectos tienen que estar ejecutados y justificados a fecha del próximo 30 de junio, por lo que es «prácticamente imposible ejecutar este contrato correctamente» porque la ejecución de fondos Next Generation exigen «control, trazabilidad y un cumplimiento estricto».
Por ello, con esta gestión, ese cumplimiento está «en serio peligro» y «lo que está en riesgo es que La Rioja tenga que devolver, una vez más, casi 4 millones de euros por la incompetencia de quienes tenían la responsabilidad de gestionarlos”, ha puntualizado.
Dudas sobre la validez del proyecto
González de Legarra ha expresado sus dudas sobre la validez de este proyecto porque, según el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, en el caso de contratos de un valor igual o superior a 60.000 euros, es obligatorio crear, con un número impar de miembros, un comité de evaluación para valorar las ofertas.
Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece que, para la valoración de criterios sujetos a juicio de valor en una licitación pública, hay que formar un comité de expertos con un mínimo de tres miembros, quienes no pueden estar adscritos al órgano proponente del contrato.
Sin embargo, según este diputado socialista, en el acta de valoración no aparece la composición del comité y, a tenor de su contenido, «parece que la única persona que ha realizado la valoración de las propuestas presentadas es, precisamente, la secretaria de dirección de la Fundación y responsable de eventos”.
Ello indica, ha precisado, que no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la norma de la Unión Europea.
«Estamos nuevamente ante un problema de gestión», según González de Legarra, quien ha resaltado «la incapacidad para gestionar los recursos públicos de un Gobierno que no planifica, que llega tarde y cuando llega, gasta más para intentar taparlo”.
