La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha apelado este miércoles al Ejecutivo riojano, del PP, a que no pierda la oportunidad de firmar el convenio con el Gobierno de España para desarrollar el nuevo Plan Estatal de Vivienda en esta comunidad autónoma.
En este sentido se ha pronunciado en una rueda informativa, en la que ha informado de las diferentes medidas que incluye este nuevo Plan 2026-2030, aprobado este martes en Consejo de Ministros, que alcanza los 7.000 millones de euros, de los que 119 corresponden a La Rioja, frente a los 86 del plan anterior.
Este importe global es el 60 por ciento que el Gobierno de España aporta a las comunidades autónomas para suscribir con ellas los diferentes convenios de ejecución de las medidas, ya que les exige una corresponsabilidad para gestionar los fondos, como competentes en materia de vivienda, y una aportación adicional del 40 por ciento en la inversión de las medidas, ha informado.
Por ello, a los 119 millones de euros correspondientes a La Rioja habría que sumar un 40 por ciento de aportación adicional del Gobierno de La Rioja, ha indicado.
El Gobierno de España, ha recalcado, no solo actúa de «caja pagadora», sino que exige corresponsabilidad a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de vivienda, para gestionar los fondos del Plan. «Espero -ha incidido- en que el Gobierno de La Rioja no pierda esta oportunidad para fijar el convenio» con el Ministerio de Vivienda porque es «un Plan ambicioso que puede tener repercusión» para reforzar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en especial situación de vulnerabilidad.
El 40 por ciento de la inversión del Plan está destinado a nueva construcción, el 30 por ciento a rehabilitación y el 30 por ciento restante al alquiler, ha informado Arraiz, quien ha recalcado que en este Plan queda blindada la vivienda pública y protegida para que «nunca se pueda especular con ella», ha precisado.
Ningún euro a la privatización
La delegada del Gobierno también ha indicado que este nuevo Plan marca «un cambio de paradigma» respecto al anterior, de manera que «ningún euro» se podrá destinar a vivienda que, en un futuro se pudiera privatizar. Entre las medidas más destacadas del Plan, ha destacado que el propietario de una vivienda que quiera destinarla al alquiler podrá cederla para este fin a la comunidad autónoma y esta alquilarla a un precio no exceda los 600 euros mensuales y que en el plazo de cinco años se pueda revertir al propietario, lo que le confiere, ha dicho, unas garantías.
Para nuevas viviendas se establecen ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada.
Para urbanización de suelo, se subvencionará, al menos, el 40 por ciento con hasta 8.000 euros por vivienda.
Entre otras líneas, también habrá ayudas para adquirir viviendas de particulares; entre 17.000 y 25.000 euros si la vivienda pública o en una zona declarada tensionada; o de hasta 30.000 euros para rehabilitar vivienda situada en cascos históricos.
La delegada del Gobierno ha informado de que el presente mes de abril se celebrarán reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para fijar los posteriores convenios a firmar con cada una de ellas, al ser las competentes en materia de vivienda.
La previsión también es que en mayo se celebre una conferencia sectorial de vivienda y que en el segundo semestre del presente año se desplieguen las medidas.
Arraiz ha recalcado que antes de aprobarse este Plan ha habido hasta 28 reuniones con las comunidades autónomas y encuentros con diferentes sectores implicados, fruto de las cuales ha habido 365 aportaciones al documento, que, «en la mayoría de las ocasiones», se han incluido.
