El nuevo modelo de función pública en la administración autonómica de La Rioja elevará de categoría a 810 trabajadores, que percibirán un incremento retributivo total de 1,84 millones de euros anuales por cambiar de grupo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes al decreto que regula la implantación de esta norma, que actualiza disposiciones de hace más de 30 años, ha detallado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.
Ha explicado que este decreto reglamenta la integración del personal funcionario en los cuerpos y escalas creados por la Ley de Función Pública, un procedimiento de modernización exhaustivo, negociado y que cuenta con plenas garantías jurídicas.
Con este decreto culmina un proceso normativo complejo y esencial para modernizar y ordenar la función pública riojana, ha asegurado. La reorganización de cuerpos y escalas parte de una organización en atención a las funciones principales que desarrollan y, en correlación a ello, los cuerpos funcionariales existentes se integran en los nuevos creados por la nueva Ley de Función Pública, regulándose también estos procedimientos en el propio decreto.
En concreto, la propuesta normativa aprobada regula la integración del personal funcionario en los nuevos cuerpos y escalas recogidos por la Ley, creándose un grupo nuevo, el B, en el que se integran cuerpos del subgrupo C1.
Para acceder a este grupo B se exigirá como requisito ser titulados superiores. En el caso de aquellos trabajadores que no estén en posesión del título, el decreto da un plazo de seis años para su consecución.
En detalle, 478 funcionarios pasarán del grupo C1 al B; otros 210 cambiarán del C2 al C1; y 122 laborales podrán acceder al C2 mediante procedimientos de promoción interna con cambio de régimen jurídico pendiente de negociación. Asimismo, el decreto recoge el procedimiento por el que se crea el cuerpo funcionarial de bombero forestal, trabajadores que en la actualidad pertenecen a categorías profesionales de personal laboral.
Los procedimientos deberán completarse a lo largo de este año y los efectos económicos no podrán ser posteriores al 1 de julio de 2026, incluso si la resolución administrativa se produjese con posterioridad.
A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional ha introducido otras mejoras en la Ley de Función Pública. Entre ellas destaca la que afecta a los ayudantes técnicos educativos (ATE), profesionales que colaboran con los docentes en la atención a los escolares con necesidades especiales.
La ley declaraba a extinguir este cuerpo funcionarial, pero se ha decidido es que debe mantenerse y posibilitar que los profesionales pasen al grupo B como titulados superiores. También se han modificado titulaciones que estaban mal planteadas en el texto inicial de esta ley.
