La mañana de este lunes ha comenzado con tensión contenida en la calle Segundo Arce de Logroño. Desde primera hora, vecinos y miembros del Sindicato de Vivienda de La Rioja se han reunido a las puertas de uno de los portales para acompañar a una inquilina y a su hijo de 14 años ante la inminente ejecución de un desahucio que, según denuncian, no debería producirse.
«Es uno de los casos más bizarros que hemos visto», ha asegurado el portavoz del colectivo, Álvaro Marqués, quien ha insistido en que la afectada «ha pagado todas las rentas» y ha cumplido con las condiciones establecidas. «No hay justificación, es increíble, no nos lo podemos creer», ha añadido.
La mujer reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI S.A., vinculado a la SAREB, con un contrato de alquiler firmado en 2021 y con una duración de siete años. Sin embargo, el origen del procedimiento se remonta a 2022, cuando se le reclamó un supuesto impago que, según el sindicato, no existía.
De acuerdo con su versión, ese impago correspondería en realidad a una compensación económica pactada con la propia empresa. «El procedimiento nace de dos meses que estaban acordados, pero que el fondo ha utilizado para judicializar el caso», han explicado. La inquilina habría aportado documentación para acreditarlo (contratos, correos electrónicos y burofax) que, aseguran, no fue aceptada ni tenida en cuenta en sede judicial. «No sabemos qué más se necesita para acreditar evidencia física», ha lamentado Marqués.
El sindicato va más allá y denuncia «un historial de acoso inmobiliario» por parte de la propiedad. «Han usado tácticas mafiosas, desde obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial y hasta inventarse deudas que ya estaban pagadas», sostienen.
El colectivo también ha cuestionado el desarrollo del procedimiento, especialmente por no haberse tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia. «Nos parece muy llamativo que no se haya valorado teniendo a su cargo a un menor», ha señalado el portavoz, quien ha apuntado que se intentó introducir este elemento en el proceso sin éxito.
Mientras tanto, dentro de la vivienda, la escena refleja la urgencia del momento. La inquilina ha ido vaciando la casa en los últimos días y apenas quedan algunos muebles, electrodomésticos y un colchón. Fuera, la incertidumbre es total. La mujer no cuenta con una alternativa habitacional inmediata y, si se ejecuta el desahucio, prevé acudir a los servicios sociales. Su hijo, según han explicado, podría quedar temporalmente al cuidado de familiares o allegados.
Desde el sindicato interpretan este caso como parte de una dinámica más amplia. Denuncian la «falta de escrúpulos» y la «impunidad» de los grandes propietarios, así como lo que consideran una «complicidad» de los intereses económicos en este tipo de procesos. También alertan de que el edificio podría estar siendo objeto de una estrategia para su vaciado y posterior rentabilización en el mercado como vivienda asequible.
En este sentido, también han denunciado que no se habría ofrecido a los actuales inquilinos la opción de compra de las viviendas y que existirían otros conflictos similares en el edificio, habitado mayoritariamente en régimen de alquiler. «Se quiere vaciar para especular», han resumido.
El colectivo ha puesto también el foco en una realidad que, a su juicio, sigue siendo poco visible en La Rioja. «Se tiende a pensar que esto solo pasa en grandes ciudades, pero aquí también ocurre y es gravísimo», ha subrayado Marqués. Según sus datos, el pasado año se registraron 85 desahucios en la comunidad.
En cuanto a la actuación durante la jornada, el sindicato ha optado por una labor de acompañamiento y visibilización, respetando la voluntad de la inquilina. «Estaríamos dispuestos a parar el desahucio, pero estamos aquí por apoyo y protesta», ha explicado su portavoz, sin descartar que pueda abrirse alguna vía de negociación de última hora.
