El proceso de regularización de extranjeros ha arrancado este jueves (después de que se lleve meses hablando sobre él) con la apertura del plazo telemático para presentar solicitudes, pero lo ha hecho en medio de una fuerte presión sobre algunos municipios. En Calahorra, la avalancha de peticiones de documentación en los días previos ha puesto contra las cuerdas al Ayuntamiento, que reconoce estar ya «colapsado» incluso antes de que el procedimiento haya comenzado plenamente.
Desde hace días, decenas de inmigrantes acuden al consistorio para solicitar dos documentos clave: el certificado de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad. Este último también puede tramitarse a través de entidades del tercer sector, aunque en La Rioja la oferta es muy limitada. La falta de instrucciones claras ha generado incertidumbre y escenas poco habituales, como el cartel que ha estado colocado desde este miércoles en la puerta del Ayuntamiento indicando que no se estaban tramitando estos informes «de momento» por falta de directrices, algo que podría vulnerar la ley.
El problema, según fuentes municipales, es doble: falta de información y falta de medios. «Ha pillado a los servicios sociales sin ningún tipo de información», reconocen. El volumen de trabajo previsto es elevado —se estima que podrían tener que emitir alrededor de 2.000 certificados— en un contexto en el que ya hay más de 1.200 personas empadronadas sin NIE en la ciudad. A eso se suma la posibilidad de que acudan solicitantes de otros municipios, lo que multiplica la presión. «Puede venir a pedírnoslo cualquier persona que haya tenido algún contacto con la ciudad».
El funcionamiento del sistema municipal tampoco ayuda a aliviar la carga. Todas las solicitudes pasan primero por la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y, en el caso de los informes de vulnerabilidad, deben derivarse después a Servicios Sociales, donde es necesario citar y atender de forma individual a cada persona. «No tenemos ni personal ni herramientas informáticas preparadas», admiten desde el Ayuntamiento, que advierte de que esta situación podría afectar incluso a otros servicios básicos si no se refuerzan los recursos.
Esta misma mañana, en la sala contigua a la que la alcaldesa daba la rueda de prensa para informar de la situación de colapso, se reunían el concejal de Hacienda, Mario Nafría junto a la secretaria municipal y personal de Servicios Sociales para ver cómo enfocar la situación.
Desde el Consistorio no se ha ofrecido, de momento, directrices claras de cómo se va a gestionar el problema. Aunque, pese a las dificultades, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, insiste en que cumplirá la ley, también pide paciencia a la ciudadanía. La atención se organizará previsiblemente mediante cita previa para evitar el colapso, en un escenario que ya ha disparado un 44 por ciento las atenciones en la OAC en los últimos días. Mientras tanto, la falta de información clara está obligando a muchos solicitantes a acudir varias veces sin saber exactamente qué documentación deben presentar, lo que añade más tensión a un sistema que, por ahora, funciona al límite. De hecho, pocos minutos después de ofrecer la rueda de prensa, desde el Consistorio se ha ampliado la información explicando que se pondrá personal de refuerzo.
«Buena fe»
Mientras, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha pedido «buena fe» a las administraciones que deben colaborar en el proceso extraordinario de regularización que ha comenzado este jueves, en alusión en esta comunidad a los departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Logroño y Calahorra.
La delegada del Gobierno ha hecho estas manifestaciones en una conferencia de prensa en la que se ha referido a este proceso, que busca «una sociedad más justa y fuerte» con la regularización de personas que ya está en la comunidad, con el cálculo de que de sean entre cinco mil y siete mil.
Uno de los trámites del proceso es el acreditar la situación de vulnerabilidad mediante un informe que deben sellar entidades colaboradoras o los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de mayor tamaño, en el caso de La Rioja los de Logroño y Calahorra.
Ese informe de vulnerabilidad puede ser «una de las dudas» del proceso, ha reconocido, y ha explicado que el modelo a rellenar está en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; luego tiene que ser sellado por entidades colaboradoras o por los Servicios Sociales locales.
Ante la posibilidad de que ese trámite provoque esperas ante esos servicios municipales, la delegada ha considerado que no quiere pensar que exista mala fe en algunos ayuntamientos «y trataremos de solventar las dudas que surjan» pero «pido a las administraciones que tengan que colaborar en el proceso, que lo hagan de buena fe, quiero que todos tratemos de remar».
La atención presencial, desde el lunes
Arraiz se ha referido al desarrollo del proceso y ha explicado que desde este jueves se puede realizar la solicitud de regularización de forma telemática, a través de la web del Ministerio, con certificado digital o, si no se dispone de él, a través de una entidad colaboradora acreditada; a las que ya existen se ha sumado CCOO de La Rioja, ha detallado.
Además se puede solicitar cita previa para realizar la regularización a partir del próximo día 20 de forma presencial, en oficinas de la Seguridad Social y Correos; no ha precisado cuantas oficinas de esta última empresa pública recogerán solicitudes, porque espera que en los próximos días aumente el número inicial previsto en La Rioja.
Iniciar la tramitación «ya da derecho a trabajar legalmente en España», ha explicado, a la espera de que se resuelva el proceso desde la oficina centralizada que lo hace, siempre antes del 30 de junio, que es el límite para presentar solicitudes.
Arraiz ha reconocido que en los primeros días del proceso creen que «es posible» que se formen colas de personas fuera de las oficinas «pero no en las de Extranjería, donde no se va a tramitar nada de esta regularización».
La delegada, por último, ha insistido en que el regularizar «a quienes ya están entre nosotros» contribuye a reforzar el crecimiento económico, a aflorar actividad, garantizar derechos y obligaciones y a «apostar por un mercado laboral estable, más justo y competitivo» porque «va a ayudar a luchar contra la precariedad y la economía sumergida».
