El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la liquidación del presupuesto municipal de 2025 con un balance «claramente positivo». Las cuentas arrojan un superávit de algo más de 8 millones de euros, junto a una deuda pública contenida y el cumplimiento de las reglas de estabilidad financiera. Un escenario que, según el Ejecutivo local, permite seguir impulsando proyectos de ciudad y garantizar el mantenimiento de los servicios públicos.
En concreto, el Consistorio ha registrado un superávit de 8.069.085 euros y una capacidad de financiación de 3,45 millones, lo que refleja una cierta holgura para afrontar compromisos tanto presentes como futuros. A ello se suma un ahorro neto de 3,3 millones, en una fotografía económica que el equipo de Gobierno define como «equilibrada» y operativa.
Uno de los datos que más destacan es la evolución de la deuda. A cierre de 2025, la deuda viva se sitúa en 77,9 millones de euros, lo que supone un 47,02 por ciento de endeudamiento, muy por debajo del límite legal fijado en el 75 por ciento. Además, durante el último ejercicio se ha reducido en casi 5 millones. También mejora la agilidad en los pagos: el periodo medio a proveedores baja hasta los 15,48 días, prácticamente la mitad del máximo permitido.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, los ingresos han alcanzado el 91,62 por ciento, mientras que el gasto se ha situado en el 71,69 por ciento, cifras que reflejan margen de mejora en la planificación de inversiones. De hecho, el propio Ejecutivo reconoce que, tras no cumplirse la regla de gasto, se pondrán en marcha nuevos mecanismos para optimizar la ejecución y reforzar la planificación a través de un plan económico-financiero.
El balance de 2025 llega marcado por un nuevo modelo de gestión municipal basado en la eficiencia, la sostenibilidad y la digitalización. Un modelo que, aseguran, seguirá desarrollándose en los próximos años. Eso sí, el Ayuntamiento también insiste en la necesidad de una reforma del sistema de financiación local y recuerda el impacto de decisiones estatales como el incremento salarial de los empleados públicos, que ha supuesto un coste adicional de 1,7 millones en 2025.
