El Grupo Municipal Socialista y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño han protagonizado este viernes un nuevo choque político a cuenta de las obras de la antigua estación de autobuses. Mientras el PSOE denuncia que los trabajos se están ejecutando fuera de plazo y sin cobertura legal, el Ejecutivo local rechaza estas acusaciones y asegura que cuentan con «todas las garantías legales».
Según los socialistas, el contrato para la creación de un centro polivalente e intergeneracional establecía un plazo de ejecución de siete meses y dos días, con fecha de finalización el pasado 10 de febrero. Posteriormente, el 28 de enero de 2026, se aprobó una prórroga de un mes a petición de la empresa adjudicataria, extendiendo el plazo hasta el 10 de marzo.
Una vez superada esta fecha, el PSOE sostiene que no se ha adoptado ningún acuerdo adicional que ampare la continuidad de los trabajos, que se prolongarán todavía varias semanas. Por ello, consideran que la obra se está ejecutando fuera del tiempo establecido y sin cobertura contractual, lo que han calificado como «una nueva chapuza del equipo de Gobierno» encabezado por el alcalde, Conrado Escobar.
Además, los socialistas advierten de que este retraso reduce los plazos disponibles para justificar los 2,6 millones de euros de financiación europea asociados al proyecto, aunque reconocen que estos fondos no se han perdido gracias a la ampliación del plazo concedida por el Gobierno central.
Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo local ha respondido que las afirmaciones del PSOE son «totalmente falsas» y ha defendido que las obras se están ejecutando conforme a la legalidad vigente. En concreto, el Ayuntamiento asegura que los trabajos cuentan con amparo jurídico en la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 243.2.
Asimismo, el Gobierno municipal sostiene que los plazos se están cumpliendo y que la financiación europea «está garantizada». En su respuesta, acusa al grupo socialista de adoptar una actitud «totalmente irresponsable», basada en «mentiras que solo pretenden confundir y embarrar un proyecto transformador para la ciudad».
El Ejecutivo también considera que estas declaraciones suponen «una falta de respeto» hacia los técnicos municipales y la empresa adjudicataria, y lamenta que el principal grupo de la oposición «dañe los intereses de los logroñeses» con este tipo de afirmaciones.
