María no recibió ninguna llamada, ni un correo, ni una notificación. Se enteró por la prensa. Así supo que las 104 viviendas de protección oficial que se iban a construir en Logroño ya estaban adjudicadas. «Me quedé en shock. ¿Cómo que ya están dadas? ¿Cuándo han salido?», recuerda que pensó en ese momento. No había seguido el proceso porque, sencillamente, no sabía que existía. Y esa es, precisamente, la raíz de su malestar.
Se había inscrito en el registro del IRVI hace casi un año «Si me dicen que ya estaba todo en marcha y que no llegué a tiempo, lo entiendo perfectamente», explica con serenidad. Pero lo que no logra comprender es cómo un proceso con tanta demanda pudo pasar desapercibido para tantas personas inscritas. «No sabía ni qué constructoras estaban detrás, ni dónde había que apuntarse. Estaba en proceso de buscar piso y aún así no me enteré», cuenta. Y añade una idea que repite varias veces durante la conversación: «No pido que me den un piso, pido información».
Su situación personal explica, en parte, la importancia que daba a esta oportunidad. Vive de alquiler junto a su madre de 86 años. Ninguna de las dos podría sostener un alquiler por separado. «Yo sola no puedo y ella con su pensión tampoco. Tenemos que vivir juntas», dice. En ese equilibrio, el acceso a una vivienda protegida no es una aspiración lejana, sino una posible salida. Pero el mercado, asegura, está fuera de alcance. «He dejado de mirar pisos por mi salud mental. Te piden precios desorbitados por viviendas que necesitan reforma».
Por eso, cuando se enteró de que las VPO ya estaban adjudicadas, la sensación no fue solo de sorpresa, sino también de frustración. No por el resultado, sino por no haber tenido ni siquiera la oportunidad de intentarlo. «Puede tocar o no. Pero si no te enteras, no tienes ni opción», resume. Y es ahí donde aparece la crítica: en la falta de transparencia. «Si te informan, ya está. Lo aceptas. Pero si no, tu cabeza empieza a pensar mal».
El caso de María se enmarca en la polémica generada por el modelo de adjudicación elegido para estas viviendas. El Ayuntamiento licitó suelo municipal para que promotoras privadas construyeran y gestionaran las VPO, dejando en sus manos la selección de los compradores finales entre los inscritos en el IRVI. Sin un sorteo público común ni un sistema unificado de baremación, cada promotora aplicó su propio criterio. Y, sobre todo, fueron los propios interesados quienes debían contactar con ellas para participar en el proceso.
Ese detalle es clave para entender testimonios como el de María. «¿Tengo que ir una por una preguntando a todas las constructoras?», plantea. En un contexto con miles de personas inscritas en el registro autonómico, considera que debería haber existido una comunicación más clara desde la administración. «Para eso estás en el IRVI, para que te informen, si no no entiendo para qué nos apuntamos», apunta.
Aun así, evita entrar en acusaciones. No cuestiona la legalidad del proceso ni pone en duda a quienes han obtenido una vivienda. «Al que le ha tocado, le ha tocado», afirma. Su reclamación, insiste, es otra. Más sencilla, pero también más de fondo: que el sistema sea transparente. Que todos partan de la misma información.
Ahora, con nuevas promociones de vivienda previstas en la ciudad, María mira más hacia el futuro que hacia lo ocurrido. «Lo que se ha hecho ya está hecho. Pero que no vuelva a pasar», dice. Que la próxima vez haya anuncios públicos, información accesible y un proceso claro. Que nadie tenga que enterarse por la prensa de que ya es tarde.
