Todo comenzó con un ofrecimiento político que, en aquel momento, apenas generó ruido. El secretario general del PSOE en La Rioja, Javier García, ponía a disposición del Gobierno autonómico los ayuntamientos gobernados por su partido para colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados reubicados desde Canarias y Ceuta. El gesto encajaba a la perfección con la posición defendida por el PSOE a nivel nacional y suponía, en la práctica, ofrecer colaboración institucional ante un reparto de menores impulsado desde el Estado. Ahora, el gesto es otro. García y el alcalde que tenía en su mano cumplir con este ofrecimiento guardan silencio total -han rehusado hacer declaraciones a este medio o directamente ni contestan al teléfono-.
A partir de esas declaraciones de García comenzaron las conversaciones. El Gobierno de La Rioja abrió contactos con distintos municipios, entre ellos Casalarreina, gobernado por el socialista Félix Caperos. Según explicó posteriormente el Ejecutivo regional, las conversaciones con el alcalde se remontaban a mayo de 2025. Los técnicos autonómicos propusieron inicialmente una ubicación y fue el propio Ayuntamiento el que planteó como posible recurso el edificio municipal conocido como Antiguas Escuelas.
Las negociaciones avanzaron en un clima de aparente normalidad institucional. El 10 de noviembre se celebró una reunión entre ambas administraciones para estudiar las condiciones de cesión del espacio. El 19 de enero, según detalló el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, el Ayuntamiento expresó su voluntad de cooperación «por el compromiso ético y social del municipio». Sobre la mesa no solo estaba la acogida de un número reducido de menores, sino también posibles compensaciones e iniciativas de colaboración para la localidad, como actuaciones vinculadas al Centro de Día o la implantación de módulos de Formación Profesional.
Todo cambió cuando las conversaciones dejaron de ser discretas. Una vez que la posibilidad de instalar un recurso de acogida en Casalarreina trascendió al debate público, comenzaron las reacciones. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de presión. Mensajes críticos, llamamientos y posicionamientos de algunos residentes de la localidad riojalteña generaron un clima creciente de tensión en el municipio. El debate dejó de ser técnico e institucional y pasó a ocupar el centro de la conversación pública local.
El propio Ayuntamiento reconocería más tarde que el rechazo social había sido determinante. En el comunicado que emitió el pasado viernes, el Consistorio anunciaba oficialmente que descartaba destinar las Antiguas Escuelas a un recurso de acogida de menores. En el texto apelaba a la necesidad de preservar la convivencia y la cohesión social como pilares fundamentales del municipio, subrayando que la decisión se adoptaba para evitar fracturas en un asunto especialmente sensible. Aunque reconocía que se habían mantenido conversaciones con el Gobierno regional y que había compensaciones sobre la mesa, el Ayuntamiento optaba por priorizar la respuesta social detectada entre sus vecinos.
La decisión abrió una doble crisis. Por un lado, institucional. El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, reprochaba al Ayuntamiento «falta de lealtad y cooperación institucional» por haber llevado al debate público una negociación que, según sostuvo, se había desarrollado durante meses con discreción. Domínguez recordó que el Ejecutivo autonómico no hace públicas las ubicaciones de los menores reubicados —cuarenta han llegado ya a La Rioja— y consideró que la negativa suponía «una piedra en el camino» para cumplir con las obligaciones derivadas del reparto estatal.
Pero la segunda crisis, quizá más delicada, fue interna. Desde entonces el silencio oficial en el seno del PSOE riojano ha sido más que patente (NueveCuatroUno lleva varios días intentando ponerse en contacto con el alcalde de Casalarreina sin éxito y este mismo miércoles el secretario general del PSOE, Javier García, ha declinado dar una valoración sobre la polémica). Mientras tanto en el seno interno del partido el malestar es creciente. Varios cargos y militantes no entienden la decisión adoptada por una figura histórica del partido como Caperos. En agrupaciones locales han comenzado a circular mensajes críticos y algunos secretarios generales municipales muestran su incomodidad con una polémica que «nunca se tenía que haber permitido desde el partido». Muchos ponen como ejemplo lo sucedido en Cantabria donde a la alcaldesa de Cartes se le enmendó la plana desde el partido regional ante la decisión de expulsar a los menores migrantes de su municipio.
Después de un enfado que ha ido en aumento, el martes por la tarde llegó el momento clave. La Ejecutiva ordinaria del PSOE se reunía en la sede de Martínez Zaporta en Logroño. La cita se preveía tensa. Algunas voces habían planteado en los días previos la posibilidad de exigir explicaciones formales e incluso de abrir un debate sobre responsabilidades internas. Se hablaba de dimisiones, de expedientes y de la imagen del partido.
Sin embargo, el desarrollo de la reunión tomó otro rumbo. Según fuentes del partido, el asunto se abordó pero en un clima que califican de «normalidad». El alcalde expuso sus argumentos. Se mostró, siempre según fuentes de la Ejecutiva, «muy disgustado» por la situación y aseguró haber sufrido «presiones muy fuertes» en los últimos días, especialmente a través de redes sociales.
Finalmente, la dirección ha optado por una estrategia clara: contener la crisis. «Nadie ha pedido la dimisión de Caperos», insisten fuentes del partido. Tampoco se acordó abrir expediente alguno. La respuesta fue el silencio como herramienta política. Rebajar el tono, evitar alimentar el conflicto y dejar que la polémica se enfríe con el paso de los días.
Oficialmente, la crisis queda cerrada ahí. Pero en el interior del PSOE el debate no está completamente superado. Algunos militantes consideran que la imagen del partido ha quedado tocada, especialmente la de su secretario general, y que el respaldo implícito al alcalde convierte a toda la Ejecutiva en corresponsable de la decisión.
