CSIF se ha referido este miércoles a la «grave» crisis estructural que viven los recursos humanos de la administración autonómica de La Rioja, dado que hay unas 760 plazas sin cubrir, que supone un 25 por ciento de la estructura necesaria, una situación provocada por «unas nefastas decisiones políticas, que la han llevado al borde del colapso».
La central sindical ha añadido que el Gobierno riojano del PP ha negociado y acordado con los sindicatos una relación de puestos de trabajo formada por 3.148 puestos, estructura necesaria para la correcta gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
CSIF ha afirmado que el Gobierno, en su «habitual doble moral», ha presupuestado 500 puestos de trabajo menos, a los que hay que añadir otros 179 que son vacantes con reserva de plaza -funcionarios que ocupan otro puesto de trabajo, dejando el suyo vacante y que no es cubierto por la Administración-. Ello supone que unos 764 puestos de trabajo, mas de un 25 por ciento de la estructura necesaria, se encuentran actualmente sin cubrir.
«El Ejecutivo regional presume de planificación, estabilidad y control del gasto», según CSIF, «pero los datos oficiales demuestran que juegan con las cifras y con la inteligencia de los empleados públicos y de la ciudadanía».
Ha añadido que se aprueban presupuestos de acuerdo a unas necesidades, pero no ejecutan y se mantienen vacantes mientras se exige mas productividad a una plantilla «exhausta y bajo mínimos».
CSIF ha explicado que una parte «muy significativa» de las plazas vacantes no corresponden a puestos base, sino a puestos intermedios y de mayor responsabilidad, lo que genera un doble perjuicio estructural.
Ha indicado que esa situación impide la promoción profesional real del personal funcionario y cierra la puerta a nuevos interinos y aspirantes que están en listas de espera.
CSIF ha subrayado que no se trata de un problema técnico ni administrativo, sino que es una decisión política con consecuencias directas sobre los empleados públicos, quienes sufren sobrecargas crónicas de trabajo, retrasos en la tramitación de expedientes y una atención mas lenta y menos eficaz a la ciudadanía.
