El futuro de la presa de La Retorna vuelve a situarse en el centro del debate jurídico, político y social tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite un recurso de casación que podría marcar un antes y un después. El alto tribunal analizará si la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) puede condicionar o limitar una orden administrativa de demolición, en un caso que afecta directamente a esta histórica infraestructura situada en pleno corazón de la sierra riojana.
El auto admite el recurso presentado por la mercantil Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja, S.L., contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que confirmó la extinción del aprovechamiento hidroeléctrico y la obligación de demoler la presa y el resto de instalaciones. Esa resolución judicial avaló la decisión adoptada en junio de 2022 por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ordenó la retirada de todas las infraestructuras ubicadas en el dominio público hidráulico tras expirar el plazo concesional de 75 años.
La CHE justificó su decisión en el vencimiento de la concesión y en la necesidad de restaurar la continuidad fluvial del río Najerilla, aplicando el régimen de caudales ecológicos y recuperando la cubierta vegetal en una zona catalogada como de especial valor ambiental. El entorno de La Retorna forma parte de la Zona de Especial Conservación ‘Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros’, integrada en la Red Natura 2000, lo que refuerza, según la administración hidráulica, la obligación de priorizar la recuperación ambiental del cauce.
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En enero de 2025, la Justicia volvió a respaldar este criterio al desestimar un recurso contencioso-administrativo que solicitaba la suspensión de la demolición. La sentencia del TSJ de Aragón consideró plenamente aplicable el artículo 89.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el artículo 101.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, normas que permiten exigir la demolición de las infraestructuras una vez extinguida la concesión, incluso aunque el título concesional contemplara la reversión.
Sin embargo, la empresa concesionaria y numerosas entidades han defendido que la decisión de derribo no ha ponderado adecuadamente otros intereses públicos concurrentes. Entre ellos, la protección del patrimonio histórico, al haberse solicitado la declaración de La Retorna como Bien de Interés Cultural, y el valor estratégico de la generación de energía renovable. La central, construida hace más de 80 años por el ingeniero logroñés Carlos Fernández Casado, sigue siendo rentable y produce en torno a 12.000 mega vatios a la hora anuales, suficientes para abastecer a unos 4.000 hogares.
Desde el ámbito de la ingeniería, instituciones como el Instituto de la Ingeniería de España, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad han calificado La Retorna como “una obra maestra de la ingeniería”. Defienden que el conjunto formado por la presa, los acueductos, la central y los canales constituye un legado cultural y técnico único, además de haber tenido un impacto decisivo en el desarrollo económico de la zona.
A esta defensa se han sumado los municipios de Ventrosa de la Sierra, Brieva de Cameros y Anguiano, que alertan de las consecuencias económicas y sociales de la demolición. No solo por la pérdida de una fuente de energía limpia, sino también por la desaparición de beneficios asociados como la regulación hídrica, la prevención de inundaciones o el potencial turístico del enclave.
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El debate también llegó al Parlamento de La Rioja. En marzo de 2025, el pleno acordó instar al Gobierno de España a declarar de forma urgente Bien de Interés Cultural la presa de La Retorna, tras debatirse dos proposiciones no de ley presentadas por PP y Vox. Mientras PP y Vox apoyaron ambas iniciativas, Podemos-IU las rechazó y el PSOE respaldó únicamente la del PP, al considerar que abría la puerta a explorar un mantenimiento compatible con el aprovechamiento energético.
Desde posiciones ecologistas, sin embargo, se insiste en que el fin de la concesión representa una oportunidad única para restaurar el río Najerilla y recuperar un paraje natural alterado durante décadas. Es el argumento que sostiene Izquierda Unida, que defiende la demolición como la única opción coherente desde el punto de vista ambiental.
Ahora, con la admisión del recurso por parte del Tribunal Supremo, el futuro de La Retorna queda de nuevo en suspenso. El alto tribunal deberá decidir si la protección patrimonial puede influir en una orden de demolición ya acordada y confirmada judicialmente. Su sentencia no solo marcará el destino de esta presa histórica, sino que podría sentar un precedente clave para otros aprovechamientos hidroeléctricos en España donde confluyen medio ambiente, energía y memoria.
