Se viene lío. El uso de patinetes eléctricos en Calahorra entra en una fase marcada por la incertidumbre. La ordenanza municipal que regula los vehículos de movilidad personal (VMP), aprobada hace casi tres meses y que entra en vigor este próximo jueves, ha abierto un escenario complejo tanto para los usuarios como para quienes deben aplicarla. El principal problema no está tanto en la intención de regular, sino en la imposibilidad de cumplir algunos de los requisitos que la norma establece desde el primer día.
El punto más controvertido es la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para circular en patinete eléctrico, una exigencia que actualmente no se da en ninguna otra ciudad de España. A partir de este jueves, cualquier persona que utilice uno de estos vehículos en Calahorra deberá tener ese seguro contratado o se expone a sanción e incluso a la inmovilización del patinete. El problema es que, hoy por hoy, las principales aseguradoras no ofrecen ese producto.
Varias compañías con las que se ha puesto en contacto NueveCuatroUno coinciden en su respuesta: no pueden asegurar patinetes eléctricos porque la normativa estatal todavía no está completamente desarrollada. La Dirección General de Tráfico no ha definido aún el marco definitivo, ni el alcance de las coberturas obligatorias. De hecho, desde el propio sector se explica que algunas pólizas similares a las de ciclomotor, con coberturas de unos 300.000 euros, se llegaron a emitir en diciembre, pero «se ha pedido desde las compañías a nivel nacional que se paralicen y se devuelva al cliente los importes pagados al no existir respaldo legal suficiente». El borrador de la futura normativa estatal, además, apunta a coberturas muy superiores a las que tienen los ciclomotores.
Esta situación genera un escenario paradójico: la ordenanza exige un seguro que, en la práctica, no puede contratarse. Las aseguradoras piden prudencia y tiempo, conscientes de que comprometerse ahora podría obligarles a modificar o anular pólizas en cuanto la regulación nacional sea definitiva. Mientras tanto, los usuarios quedan atrapados en un vacío legal difícil de resolver.
Las dudas no se limitan al ámbito asegurador. El sindicato de policías SRPF ha solicitado que el Consistorio pida un dictamen jurídico al Consejo Consultivo de La Rioja con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, prevenir futuros litigios y evitar la aplicación de preceptos cuya legalidad consideran dudosa.
Entre los artículos cuestionados por el sindicato además del problema con los seguros figura la posibilidad de inmovilizar patinetes como garantía de pago cuando el conductor no está empadronado en Calahorra y la inmovilización automática del vehículo ante determinadas infracciones. Según el informe, esta medida podrían exceder las competencias municipales y generar situaciones de inseguridad jurídica tanto para los usuarios como para los agentes encargados de aplicarlas.
