«No habrá paz para quien nos asfixia». Este ha sido el lema que ha encabezado las dos jornadas de huelga propuestas por las seis Universidades públicas de Madrid ante la nueva Ley de Enseñanza Superior, Universidades y Ciencias (LESUC) que la Comunidad de Madrid quiere aprobar para principios de primavera de 2026. La Ley presenta unos 200 millones menos de financiación, multas de hasta 300 euros por «manifestaciones que falten al decoro institucional» o 3.000 euros de multa por «no expresar una libertad de opinión y de cátedra en el Campus», entre otras medidas.
Unos 206.000 alumnos y alumnas de las seis Universidades públicas se van a ver afectados por estos recortes. Nicolás Pascual , riojano y alumno de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma, confiesa que ha hecho huelga, ya que sus profesores les han mostrado la preocupante situación: «Nos animaron a hacer la huelga por motivos de calidad educativa y laborales, no por motivos políticos».
Para Saray Jimenez, riojana estudiante de Geografía y Organización territorial de la Universidad Complutense, la huelga es clave por la «financiación crítica» en la que se encuentra la universidad pública. «Desde hace años, los sucesivos Gobiernos solo han puesto parches a la situación. Llevamos desde el 2008 con los presupuestos congelados».
La Comunidad madrileña es una de las comunidades que menos invierte en educación universitaria, con un total de 5.362 euros por estudiante, en el extremo opuesto encontramos a La Rioja con unos 9.689 euros por estudiante. «Tenemos facultades que se caen a trozos, profesores que empiezan a trabajar sin contrato, salarios congelados o contrataciones de profesores jóvenes para reducir salarios”, apunta Nicolás. Por otro lado, la calidad educativa también se está viendo perjudicada de manera sustancial. «Algunos grados se tienen que cerrar por falta de presupuesto y las prácticas en exteriores ya no se hacen» sostiene Saray. En la Politécnica, algunas clases «han cancelado prácticas por falta de material» y «les han prohibido a los profesores hacer muchas fotocopias», asume con resignación Berta García, riojana y estudiante de Ingeniería Industrial en la Politécnica.
Tal es el grado de asfixia, que la Universidad Complutense ha tenido que pedir un préstamo a la propia Comunidad de Madrid con unos intereses de 4,4 millones de euros, todo ello para el pago de nóminas y proveedores. Saray insiste que esta situación solo forma parte de «un proceso de privatización que se pretende instaurar». Madrid tiene diecinueve Universidades: trece privadas y seis públicas.
Otro de los temas que más preocupa a los universitarios son las sanciones que se contemplan en el borrador de la Ley por manifestarse, colocar una pancarta o no seguir una cátedra plural. «Las multas de 300 euros son por faltar al decoro institucional… ¿Qué quiere decir esto?», cuestiona Nicolás. Saray añade que se quiere «censurar los campus y las protestas, con el acceso de la policía». Para Berta estas medidas son «ambiguas» y «dejan la comunidad universitaria al amparo del político de turno».
Seguimiento de la huelga
Los tres estudiantes sostienen que la huelga ha sido “un éxito”. Durante las jornadas del miércoles y jueves las facultades de casi todas las universidades se mantuvieron o cerradas o sin gente y las manifestaciones lograron llenar las calles de la capital. Saray participó en los piquetes informativos y los encierros, mientras que Nicolás y Berta asistieron a las manifestaciones convocadas. «Creo que estamos convencidos porque se ha hecho una buena pedagogía sobre el problema», sostiene Nicolás. A Berta le apena que la Politécnica «siempre es más reticente con las huelgas». «Somos la única Universidad de las seis que no está concienciada del todo con el problema, muchos profesores estos días han seguido dando clase», explica.
Saray insiste en «seguir organizándose y hacer todo lo posible para parar, colectivamente, la aprobación de esta ley». Nicolás se ve «motivado» tras el parón de estos días y «esperanzado» por la positiva respuesta de la población universitaria para «emprender nuevas respuestas al Gobierno de Ayuso». Berta, en contraposición, se muestra «poco optimista», ya que asegura que Ayuso «no escucha a nadie, salvo a sí misma» y creé que esta ley «será aprobada en primavera con el apoyo del PP y VOX».
