El Ayuntamiento de Calahorra ha vuelto a colocar en el foco mediático su padrón municipal, un asunto que en las últimas semanas ha generado debate, sospechas y ahora también desinformación a escala nacional. El pasado martes, el programa ‘Código 10’ (Cuatro) dedicó parte de su emisión a los ‘extraños empadronamientos’ detectados en la ciudad, conectando en directo con el despacho de la alcaldesa, Mónica Arceiz.
Sin embargo, lo que comenzó como una explicación sobre el repunte de altas en el padrón -un fenómeno que llevó a sumar más de 1.700 personas de origen extranjero entre enero y junio de 2025 y que luego ha vuelto a las cifras iniciales en noviembre- derivó en afirmaciones incorrectas sobre supuestos beneficios económicos para inmigrantes, en las que se mezcló inmigración irregular con inmigrantes que se empadronan pero tienen una situación legal en España.
Uno de los bulos más repetidos en la emisión afirmaba que por el simple hecho de empadronarse en la ciudad cualquier inmigrante (esté en situación regular o irregular) puede acceder a ayudas económicas. Se llegó incluso a mencionar que podían recibir hasta 2.000 euros anuales por familia. Los datos oficiales desmienten categóricamente esta afirmación.
La orden reguladora de las ayudas de emergencia social exige dos condiciones esenciales para optar a ellas: llevar al menos un año empadronado en Calahorra (un plazo que el Ayuntamiento va a ampliar a dos años) y tener una situación administrativa regular en España, es decir, ser residente legal. Por definición, ninguna persona en situación irregular puede solicitar estas ayudas.
Además, las cifras hablan por sí solas: en 2022 se concedieron 856 ayudas por un total de 117.570 euros. Esto supone una cuantía media de apenas 137 euros al año por beneficiario. En 2023 -a pesar de que el presupuesto para esta partida era de 200.000 euros- sólo se ejecutaron 97.009 euros repartidos en 336 ayudas, lo que significa un importe medio de algo más de 288 euros. Nada que ver con los 1.500 euros anuales por persona que se afirmó en televisión.
Personal de Servicios Sociales detalla a NueveCuatroUno que las únicas puertas que se abren a una persona sin residencia legal tras empadronarse son la educación obligatoria para menores de 6 a 16 años —un derecho universal— y la atención sanitaria. Incluso para acceder a la tarjeta sanitaria existen vías alternativas para acreditar domicilio cuando alguien no dispone aún de padrón: matrículas escolares, facturas de suministros o certificaciones de servicios sociales.
Requisitos incompatibles con la irregularidad
A lo largo del programa también se afirmó que personas en situación irregular podrían acceder a recursos municipales, como la residencia de mayores o la guardería municipal. Ambos casos quedan descartados por las normativas municipales.
Para poder acceder a una plaza en la residencia San Lázaro se exige DNI, tres años mínimos de residencia en el municipio e incluso declaraciones de IRPF de los cinco años anteriores. Dos de los tres requisitos son incompatibles con el uso de este servicio por parte de personas en situación irregular. En la guardería municipal se requiere igualmente DNI o NIE de los progenitores y documentación completa en regla. Por lo tanto, los inmigrantes en situación irregular tampoco podrían acceder a ella.
Al margen de la polémica televisiva, el Ayuntamiento lleva días aplicando medidas para recuperar el control del padrón tras el inusual incremento detectado en el primer semestre. Los empadronamientos ya no se resuelven al instante: ahora el proceso tarda entre tres y quince días y se revisa caso por caso, verificando documentación y comprobando domicilios cuando es necesario. También se exige un justificante de transferencia bancaria del alquiler y no solo el contrato.
