La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha confirmado su respaldo al nuevo acuerdo salarial y de condiciones laborales negociado con el Ministerio de Función Pública para el periodo 2025-2028. El texto, que se firmará en los próximos días, pone fin «a la congelación salarial que arrastran los empleados públicos».
La clave para el apoyo de CSIF ha sido la inclusión de un incremento adicional del 0,5 por ciento en 2026, vinculado a que el IPC de ese año alcance o supere el 1,5 por ciento. De cumplirse esta condición, el aumento se abonaría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo.
El acuerdo también incorpora, a propuesta del sindicato, mejoras en permisos, acción social, protección sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y una revisión al alza de los complementos por residencia e indemnizaciones por razón de servicio.
Incrementos salariales hasta 2028
El documento establece la siguiente hoja de ruta retributiva:
– 2025: subida del 2,5 por ciento.
– 2026: incremento del 1,5 por ciento más un 0,5 por ciento adicional condicionado al IPC.
– 2027: subida del 4,5 por ciento.
– 2028: aumento del 2 por ciento.
En términos acumulados, CSIF subraya que las nóminas experimentarán un incremento total del 11,4 por ciento al finalizar 2028. Además, los empleados públicos recibirán en diciembre los atrasos correspondientes a la subida de 2025, con efectos desde el 1 de enero de ese año. En 2026, el aumento será del 4 por ciento desde enero, al que podría añadirse el citado 0,5 por ciento condicionado al IPC.
El sindicato considera este acuerdo «una cuestión de responsabilidad y compromiso» con las empleadas y empleados públicos, especialmente tras meses de protestas encabezadas por CSIF en solitario.
A su juicio, el texto logrado evita prolongar la precariedad y supone «una victoria colectiva» del personal público, que ha mantenido su profesionalidad durante un periodo marcado por la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las restricciones económicas derivadas de compromisos con la Unión Europea y la OTAN.
Mejoras laborales y organizativas
Además de la parte retributiva, el acuerdo incorpora un amplio paquete de reformas laborales y de gestión del empleo público, entre las que destacan:
– Eliminación de la tasa de reposición, favoreciendo el refuerzo de plantillas y reduciendo la temporalidad.
– Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.
– Mejoras en promoción interna, movilidad y concursos de méritos, con un concurso abierto y permanente.
– Revisión de la clasificación de puestos, adaptándolos a funciones reales y requisitos formativos.
– Actualización en 2026 de los complementos de residencia e insularidad, así como de las indemnizaciones por razón de servicio.
– Refuerzo de las plantillas de atención al público, con adecuación retributiva.
– Ampliación de permisos y mejoras en conciliación.
– Medidas para garantizar la igualdad y prevenir discriminación, violencia de género y acoso.
– Refuerzo de la salud laboral, con apoyo psicológico y medidas frente a agresiones.
– Mejoras retributivas para el Personal Laboral del Exterior.
– Análisis de mejoras en materia de jubilación.
– Impulso a la calidad sanitaria del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).
CSIF destaca que este acuerdo permitirá desbloquear reivindicaciones históricas, como la implantación de la jornada de 35 horas y la regulación definitiva del teletrabajo en la Administración General del Estado.
