La implantación del grado de Educación Social en la Universidad de La Rioja (UR) y la incorporación de estos profesionales en todos los centros educativos de la región son algunas de las demandas principales del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja.
La nueva junta directiva de este colegio profesional ha dado a conocer sus peticiones prioritarias, dentro de su compromiso de situar la educación social en el centro de las políticas públicas ante el aumento de necesidades sociales, especialmente en salud mental, sistema educativo y servicios sociales.
Otras de sus peticiones son la actualización de los convenios colectivos del ámbito social, el cumplimiento del ratio de un educador social por cada 6.000 habitantes, la presencia estable de profesionales en los programas de salud mental, la mejora de las condiciones laborales y del reconocimiento institucional y el impulso de la formación especializada y continua.
Los programas de visibilización y captación de futuros profesionales en institutos y Formación Profesional y el reconocimiento del educador social como coordinador/a de bienestar se suman a estas reivindicaciones de la nueva junta directiva, que preside Juan Tomás Latasa.
Ha detallado que la educación social es esencial para la prevención, la intervención comunitaria, la convivencia en los centros educativos, la reducción del abandono escolar, el acompañamiento socioemocional y la lucha contra la exclusión social.
Este colegio profesional ha reafirmado su voluntad de trabajar con las administraciones, las entidades y la ciudadanía para que la educación social sea una herramienta estructural de transformación social, «imprescindible para construir una sociedad más justa, segura e inclusiva».
