La empresa Vigas Mazo S.L., con sede en Calahorra, ha iniciado su proceso de liquidación tras la declaración de concurso voluntario dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño. En el auto judicial se acuerda la apertura de esta fase, el cese de los administradores actuales y el nombramiento de un administrador concursal, encargado de supervisar el cierre de la compañía y la validación de sus deudas.
Lo que podría parecer un procedimiento más dentro del ámbito empresarial ha adquirido una dimensión social en Calahorra debido a la situación de los trabajadores, que aún no han cobrado varias nóminas pendientes. Según ha explicado Carlos Alfaro, responsable de UGT, el sindicato tenía entre seis y siete demandas de extinción de contrato interpuestas por los empleados, de las cuales tres o cuatro ya cuentan con sentencia firme. «Algunas personas llevaban allí toda la vida, pero ya no han aguantado más», lamenta Alfaro. Para poder solicitar la extinción, los afectados debían demostrar retrasos continuados en el pago y acumulaciones de tres o más nóminas, un requisito que, según el sindicato, se cumplía en todos los casos.
Los trabajadores que ya han obtenido sentencia han dejado de trabajar y están a la espera de cobrar sus indemnizaciones. Ahora será el administrador concursal quien tenga que estudiar la documentación para autorizar los pagos o que los empleados puedan reclamar sus salarios e indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Aunque los créditos laborales tienen carácter prioritario frente a otras deudas, sin la aprobación formal del administrador concursal, FOGASA no puede intervenir, lo que deja a los trabajadores ante una espera sin fecha clara de resolución.
Vigas Mazo fue durante décadas una de las empresas más reconocidas de Calahorra. La crisis del ladrillo en 2008 marcó el inicio de su declive, y aunque la dirección intentó resistir con varios ERTES para mantener el empleo, la situación se volvió insostenible. «Lo que no pueden es culpar a los trabajadores del concurso de acreedores por reclamar lo que se les debe», subraya Alfaro, que insiste en que el objetivo ahora es garantizar que las familias reciban cuanto antes el dinero que les corresponde.
