Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y USO, negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja, han convocado para este viernes una concentración ante la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno riojano para exigir un acuerdo «justo» tras cinco años de bloqueo por parte de la patronal.
El convenio afecta a entre 2.500 y 3.000 personas en la comunidad y establece unas ratios de personal de 0,31 profesionales por usuario, frente a la media estatal de 0,34, según han recordado este jueves en una comparecencia conjunta los representantes sindicales.
La secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, ha explicado que, tras varias reuniones infructuosas, la parte empresarial «no ha mostrado voluntad de mejorar de manera significativa y urgente las condiciones laborales del sector». Por ello, ha recalcado que las cuatro organizaciones han decidido actuar «en unidad de acción» para exigir avances reales.
Martínez ha recordado que el próximo 10 de septiembre la patronal se ha comprometido a trasladar una propuesta que contenga mejoras concretas. «Esperamos que ese compromiso se materialice; de lo contrario, intensificaremos las movilizaciones y adoptaremos nuevas medidas de presión», ha advertido.
Ha subrayado que el objetivo de los sindicatos es lograr «mejoras efectivas que dignifiquen el sector y lo hagan más atractivo», y ha señalado como imprescindibles la plena aplicación de medidas de conciliación impulsadas por el Gobierno estatal. Entre ellas, ha mencionado permisos retribuidos para acompañar a hijos e hijas a consultas médicas o a familiares dependientes, la adaptación de la jornada laboral, la concesión de reducciones de jornada negociadas y el respeto a los días de libre disposición.
El responsable de Acción Sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, ha incidido en que el sector sociosanitario «resulta poco atractivo para las trabajadoras por su baja remuneración, la elevada exigencia física y emocional y unas jornadas laborales extensas que dificultan la conciliación».
Ha advertido de que esta situación ha generado «una falta de personal profesional cada vez más preocupante», lo que provoca sobrecarga en las plantillas y dificulta garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas usuarias.
Para revertir este escenario, Laspeñas ha reclamado «cubrir de manera efectiva las bajas laborales, reforzar las plantillas y poner en marcha programas de formación incentivada que atraigan nuevas profesionales y mejoren la preparación del personal existente”. Solo así, ha añadido, “será posible ofrecer a nuestras personas mayores la atención digna que merecen».
El responsable de la Federación de Servicios de USO, Jesús Fernández, ha defendido la reducción de la jornada anual hasta equipararla a las 37 horas semanales, con el compromiso de avanzar hacia las 35 horas. «No es de recibo mantener jornadas tan extensas en un calendario laboral de lunes a domingo, donde apenas se descansa un único domingo al mes», ha criticado.
Fernández ha planteado además que la edad ordinaria de jubilación no supere los 65 años y que se apliquen coeficientes reductores debido a la alta morbilidad del sector. Ha recordado que las trabajadoras padecen problemas osteomusculares por la carga física y postural, exposición a infecciones y trastornos psicosociales como estrés, ansiedad o burnout asociados a la elevada exigencia y los turnos rotatorios.
Por ello, ha pedido la posibilidad de jubilaciones parciales y que los profesionales mayores de 55 años queden exentos de turnos nocturnos.
La secretaria del sector de Servicios de Atención Social de UGT, Dary Saiz, ha centrado su intervención en las diferencias salariales. Ha destacado que el salario base de una persona gerocultora, que supone más del sesenta por ciento de las plantillas, apenas supera en diecisiete euros mensuales el Salario Mínimo Interprofesional.
Ha añadido que otras categorías como lavandería, recepción, limpieza o pinches de cocina «ni siquiera alcanzan el SMI», ya que sus pluses son absorbidos por esta razón, lo que supone «trabajar gratis los domingos y festivos y no ver recompensada la antigüedad».
Saiz ha subrayado que en Vizcaya, una gerocultora percibe 1.800 euros de salario base, frente a los 1.202,42 euros en La Rioja, lo que representa una diferencia de 600 euros por el mismo trabajo. «Esto evidencia que el salario de todo el personal de residencias y centros de día en La Rioja está muy por debajo del mercado», ha afirmado.
UGT reclama, por tanto, una subida salarial inminente de al menos un veinticinco por ciento en los próximos tres años para equiparar las nóminas a los niveles de otras comunidades.
Los sindicatos han insistido en la necesidad de mejorar las ratios de personal por usuario y, como mínimo, equipararlas al decreto estatal, vinculándolas además a las presencias y no a los contratos.
Asimismo, han rechazado la «amnistía» del Gobierno de La Rioja a las empresas que incumplen las ratios mínimas en residencias de mayores. «No se puede tolerar que la falta de personal se normalice en un sector que atiende a las personas más vulnerables», han concluido.
