El Gobierno de La Rioja reclamará el incremento de la financiación estatal para el sistema de atención a la dependencia, al entender que es «desequilibrado y desproporcionado» el esfuerzo que realiza para cubrir el coste de servicios y prestaciones.
Así lo defenderá la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, durante el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se celebrará este jueves.
La Rioja se suma de este modo a la solicitud planteada por la mayoría de las comunidades autónomas y que la propia Martín ya transmitió directamente al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el reciente encuentro que mantuvieron. Ha explicado que la aportación estatal al Sistema de Dependencia de La Rioja cubre, en la actualidad, poco más de un 15% del coste total y el resto es costeado por el Ejecutivo autonómico. Cree que ello es «desequilibrado y desproporcionado» respecto a la responsabilidad que debería asumir el Estado, que, al menos, debería llegar al 50 por ciento.
Un estudio realizado desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, basado en los datos publicados por el Ministerio, indica que la comunidad riojana ha aportado durante los últimos siete años casi 485 millones de euros en estos programas, mientras que el Estado ha destinado a este fin 112 millones.
El coste medio anual por beneficiario es de 700 euros mensuales, de los que 130 son aportados por la Administración central y 570 por la autonómica, por lo que La Rioja cubre más del 80 por ciento del coste de los servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo presupuestario muy significativo para esta comunidad. Las consecuencias de esta «exigua» financiación estatal, ha dicho, se agravarán con la futura Ley de Dependencia.
En el caso de La Rioja, se estiman unas pérdidas económicas que alcanzarían los 41,5 millones de euros anuales -25 de ellos por el incremento de gasto y 16,5 por la pérdida de financiación- en el caso más favorable; y en el más optimista se situarían en torno a los 31,5 millones -15 más por gasto y 16,5 de menor financiación-.
Estas cifras han sido ya expuestas por Martín ante el Ministerio, como base de la necesidad que tendrá La Rioja y la mayoría de comunidades de implementar medidas que garanticen la sostenibilidad del Sistema de Dependencia si se consuman los planes estatales, ha afirmado. Y siempre, ha añadido, con la premisa de no comprometer la calidad de los servicios ni los derechos de los ciudadanos en situación de dependencia.
«Buena gestión»
El Gobierno regional ha señalado que, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, La Rioja es la comunidad autónoma que menos tarda en valorar la dependencia, 56 días, frente a la media nacional de 212.
Además, de las 14.772 solicitudes vigentes a 31 de diciembre último, 14.692 ya tenían valorado su grado de dependencia, lo que supone el 99,80 por ciento; y descendió un 27 por ciento el número de regiones pendientes de recibir una prestación o un servicio.
La ratio es de 1,5 servicios y prestaciones por cada beneficiario, lo que evidencia «el compromiso de La Rioja por garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades específicas de cada persona».
«Somos conscientes de la importancia de mantener un Sistema de Atención a la Dependencia sostenible, pero con la mayor calidad y cuidado», según la consejera, quien ha recordado que la sociedad está cada vez más envejecida y con más necesidades sociosanitarias.
La Consejería aborda esa situación a través del programa ‘Salud cura, Sociales cuida’, con diversas acciones para «abordar una realidad compleja y de extrema sensibilidad”.
La Rioja, además de recibir una mayor financiación, considera imprescindible que el Estado invierta en formación para contar con profesionales especializados, dentro de un modelo que apuesta por la desinstitucionalización y la atención individualizada.
