El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha activado de urgencia, por tercer año consecutivo, la intervención de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación con un presupuesto de 19,2 millones. Se trata de un mecanismo que tiene como objetivo favorecer la estabilidad en el mercado. Este presupuesto es, por tanto, inferior al acordado para el ejercicio anterior, ya que durante 2024 se presupuestaron 21,4 millones de euros.
La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que el desencadenamiento de esta intervención se produce a petición de las comunidades autónomas y persigue el objetivo de aliviar la tensión en algunas regiones productoras que mantienen un elevado nivel de existencias, al permitir dimensionar la vendimia de 2025 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña.
De esta forma, se evitan los efectos «indeseables de una potencial sobreoferta» de uva el próximo otoño que pudiera lastrar las rentas de los viticultores. En 2023 y 2024 ya se activó el mecanismo de cosecha en verde, pero continúan sin alcanzarse las tasas de estabilidad previas a la pandemia, por lo que el MAPA ha estimado conveniente ponerla en marcha al menos una campaña más con el objetivo mejorar la situación del sector.
Con la publicación de esta resolución, se ha dotado lo antes posible a esta intervención del presupuesto necesario para su puesta en marcha por parte de las comunidades autónomas, que ahora deben trabajar en la publicación de sus respectivas convocatorias.
Según lo establecido, las comunidades autónomas establecerán el plazo para presentar solicitudes, que en todo caso finalizará antes del 30 de abril de 2025 y la ejecución de la cosecha en verde deberá realizarse a más tardar el 15 de julio.
Además, las regiones que pondrán en marcha la cosecha en verde en su ámbito territorial deben comunicar a la Subdirección General de Frutas Hortalizas y Vitivinicultura antes del 1 de marzo de 2025 la forma de pago elegida, el valor de los límites máximos o baremos estándar según corresponda, así como los criterios de prioridad que van a aplicar y sus respectivas puntuaciones.
