El problema del acceso a la vivienda es, sin duda, uno de los que más afectan en los últimos años en España especialmente a los jóvenes, una generación que cada vez encuentra más problemas para acceder a ella por diferentes motivos. Sin embargo, en el último Barómetro ‘Planeta Propietario 2024’ la mayor preocupación de los riojanos en materia de vivienda es la ‘okupación’ ilegal, una situación que sorprende a tenor de los datos de ‘okupaciones’ que se han registrado en La Rioja en los últimos años.
Más de la mitad de los riojanos encuestados ven como el mayor problema de la vivienda la ‘okupación’ muy por encima del precio de la misma, el acceso de los jóvenes a ella o los gastos que se generan en un domicilio. Existe una clara ruptura entre la percepción y la realidad. La ‘okupación’ es un fenómeno prácticamente insignificante en la región pero que se lleva gran parte del protagonismo cuando se debate sobre la vivienda.
Para adentrarse en el problema de la ‘okupación’ de La Rioja lo primero es distinguir entre allanamiento y usurpación de vivienda (que podría ser lo más parecido a la ‘okupación’). Sergio Pérez González, profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Rioja, explica que «la diferencia está en el concepto de morada. Todo lo que suponga la ocupación de una morada es un allanamiento y esto es un delito flagrante y a esas personas se las desaloja de manera inmediata».
Además, deja claro que «una morada no es únicamente nuestra vivienda habitual, también se incluyen las segundas residencias, las casas de vacaciones, incluso una autocaravana…». Así es imposible la ‘okupación’ de una de estas viviendas sin respuesta inmediata de las autoridades. «Afecta a todo lo que tiene que ver con la intimidad de la persona, la inviolabilidad del domicilio y no hay un derecho mayor que proteger en este caso», tranquiliza, pues asume que la confusión extendida entre una situación y otra provoca mucho desasosiego entre la población.
Por otro lado estaría la usurpación de la vivienda o lo que coloquialmente se conoce como ‘okupación’. «Es un delito que está recogido junto a los hurtos, los robos, porque no se entiende que esa vivienda es morada por lo que sucede habitualmente en viviendas en las que no se conoce el propietario o incluso no lo tienen». En estas circunstancias sí hay otros bienes jurídicos que proteger: «De hecho estas empresas privadas de ‘desokupación’ que existen están jugando muy en la línea de rozar ellos mismos el delito de allanamiento».
Un problema recurrente en relación con este tema es la ‘okupación’ de segundas viviendas o viviendas vacacionales. Existe la creencia equivocada de que, al no tratarse de la vivienda habitual, no se considera morada. Sin embargo, la jurisprudencia española es clara al respecto: cualquier espacio cerrado donde el propietario pernocte ocasionalmente o guarde sus pertenencias personales constituye morada. Por tanto, la ‘okupación’ de una segunda vivienda sin consentimiento es un delito de allanamiento de morada, lo que acarrea sanciones más severas que las que se imponen en los casos de usurpación de una vivienda vacía.
Aún así los casos de usurpación en La Rioja han descendido en los últimos años; según los datos disponibles, en la región hubo 17 casos en 2021, 20 en 2022 y sólo 5 en 2023.
Ofrecer datos de allanamientos resulta más complicado. Se registraron 47 en el último año pero «en la mayoría de las ocasiones incluso hay denuncias por parte de familiares, un ejemplo habitual es el de las separaciones en el que una de las dos personas ha entrado con su propia llave en casa y puede considerarse allanamiento». También se incluye el delito en robos en viviendas, por lo que poco tienen que ver los datos existentes con un problema de ‘okupación’.
Federico J. Bravo es el decano del Colegio de la Abogacía de La Rioja. «En las segundas viviendas o viviendas de vacaciones hay un problema y es que, a veces, el propietario se entera del allanamiento cuando han pasado más de 48 horas y entonces las fuerzas de seguridad ya no pueden intervenir dentro de las primeras 48 horas y resulta más complicado porque el delito ya no es flagrante. La ley ha intentado acortar estos plazos pero estos casos ya pasan a los juzgados y el tiempo de reacción es distinto. Entonces, en primera instancia puede costar desalojarlos entre 8 y 9 meses de media en La Rioja aunque se ha intentado que estos trámites se agilicen».
Maria Victoria de Pablo es también abogada y reconoce que «hay en otras regiones en las que sí existe este problema algo más agudizado». Se trata de provincias en las que la crisis inmobiliaria dejó más pisos vacíos, como en Tarragona, donde a pesar de tener el doble de población que en La Rioja tiene registros de estos delitos diez veces por encima de los de nuestra comunidad. «Ese problema sale en los medios y acaban provocando una alarma social». Pone un ejemplo: «Frente a los 52 casos de usurpación o allanamiento, tenemos en La Rioja 676 delitos de maltrato en el ámbito familiar en el último año».
Entre tres y cinco días
De Pablo ofrece datos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el caso de allanamiento. «Al ser un delito flagrante se tarda entre 3 y 5 días en desalojar a la persona». Algo que no sucede con tanta rapidez con la usurpación de vivienda en la que «en muchos casos al ser viviendas vacías, de bancos o de fondos, el propietario se entera incluso por la Guardia Civil de que ese inmueble está siendo ‘okupado'».
En España se presentaron en 2023 un total de 15.289 denuncias, un 8,8 por ciento menos que en el año anterior. En La Rioja, los últimos datos son también de 2023: 52 denuncias (entre allanamiento y usurpación) en todo el año, de las que sólo 26 fueron finalmente tramitadas. Si en el conjunto del país las denuncias representan el 0,06 por ciento de las viviendas, en La Rioja las cifras se rebajan al 0,02 por ciento.
Entonces, ¿por qué la mayor preocupación de los riojanos en el tema de la vivienda es la okupación ilegal? Juanma Agulles es sociólogo en la Universidad de Alicante, aunque también lo fue en la Universidad de La Rioja: «Es curioso que la población riojana tenga el concepto de que la’ okupación’ es el mayor problema de la vivienda porque los datos no sólo refrendan que prácticamente no existen casos en la región sino que además es una tendencia que está a la baja en los últimos años», comenta.
Él tiene claro el por qué de esta situación. «Hay una clara disociación entre la realidad y la percepción». Reconoce que la incertidumbre sea real, pero en este caso «existen discursos interesados que utilizan esas inquietudes para orientarlas y dar una percepción de problema cuando los datos dicen lo contrario». Y explica cómo «a partir de una preocupación real se construye un discurso en torno a una emoción y los problemas reales como el acceso de los jóvenes a la vivienda, el problema de los precios del alquiler, quedan velados y llega un momento en el que una persona piensa que va a salir a por el pan y le van a ‘okupar’ su casa, cuando eso no sucede». La intención de muchos sectores, partidos políticos o incluso empresas es la de «instalar una inseguridad en la población para generar un discurso que mueva a la acción que puede ir desde votar a determinado partido o contratar determinado servicio».
