La Policía Nacional ha detenido a un joven de 25 años de edad por su presunta participación en un delito de desórdenes públicos que movilizó a todos los recursos policiales y sanitarios de Logroño al simular la existencia de una pelea multitudinaria en una zona de ocio. Una ‘broma’ que ya repitió en varias ocasiones anteriores.
El primero de los hechos ocurrió en el mes de marzo, cuando el teléfono de SOS Rioja recibió una llamada alertando de la existencia de una pelea multitudinaria con unas diez personas implicadas en una céntrica calle de Logroño. Hasta allí se trasladaron tres patrullas de la Policía Nacional y otras cuatro de la Policía Local, que no encontraron ninguna pelea (ni tampoco personas), pero sí a un joven con un teléfono móvil en la mano, ya conocido por ellos por una intervención anterior en una vivienda de esa misma calle.
Pocos minutos después se recibió otra llamada en los mismos términos y, de igual modo, se trataba de una falsa alarma. Pero en el escenario coincidía la presencia del varón con el móvil en la mano.
Tras varias comprobaciones se pudo determinar que el número de teléfono desde el que llamaba el requirente pertenecía al individuo que estaba presente en las inmediaciones de la presunta pelea multitudinaria. Y que también había sido detenido previamente y había aportado este teléfono de contacto en dependencias policiales.
La detención del joven -de 25 años de edad y nacionalidad rumana, vecino de la capital riojana- se produjo el pasado 8 de julio. En su historial constan cuatro antecedentes previos, uno de ellos por hechos similares a los relatados.
Una broma que se paga cara
La Policía recuerda que afirmar falsamente o simular una situación de peligro y, con ello, provocar la movilización de los servicios de Policía o sanitarios es constitutivo de delito. «No se debe bromear con este tipo de hechos, ya que según el Código Penal, puede ser castigado con penas privativas de libertad que van de tres meses y un día, a un año de prisión», subraya.
Por ello, recuerda que se debe hacer un uso razonable y debidamente justificado de todo tipo de servicios de emergencia, para no perjudicar la labor y la atención que prestan al ciudadano.
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