Dice el refrán que las cosas de palacio van despacio, pero cuando se trata de reparar el daño causado por un asesinato digno de las más crudas películas de terror -si es que la reparación es posible en estos casos- cada día que pasa ahonda más en una herida que no consigue cicatrizar. Y en la crónica negra de La Rioja hay un crimen que sigue buscando justicia seis años después de su comisión: el de Javier Castillejo, un conocido ganadero con granjas de pollos y terneros en Alfaro y Aldeanueva de Ebro.
El 6 de septiembre de 2018, alrededor de las seis de la tarde, un escalofrío estremeció al dispositivo de búsqueda del empresario, que no daba señales de vida desde el día anterior, cuando sus empleados le alertaron de que varios terneros se habían escapado de una de sus granjas, algo que «solía pasar en alguna ocasión pero no era muy frecuente», según los testigos interrogados por la Guardia Civil. Los peores presagios se confirmaron en una balsa de riego situada en el paraje ‘La Cañada’, en la linde entre Alfaro y Aldeanueva de Ebro, al encontrar su cadáver flotando bocaabajo, atado de piernas y manos, con los ojos vendados y un contrapeso amarrado a su cuerpo.
Cuando los buzos de la Guardia Civil, bien entrada la noche, logran sacar el cadáver de la balsa, los investigadores descubren que presenta una brutal contusión en la cabeza -presuntamente infligida con un arma blanca, con tal violencia que le arrancó el cuero cabelldo y le rompió el cráneo- y el rastro de otros muchos golpes repartidos por el rostro de la víctima. Agresiones que evidencian un ensañamiento impropio de un desconocido, lo que lleva a dirigir las investigaciones desde un primer momento hacia el entorno más cercano del empresario, de 42 años, casado y con dos hijos. Otro elemento lleva a la Guardia Civil a estrechar el cerco sobre el círculo íntimo de la víctima: las cuerdas empleadas para maniatarla son del mismo tipo que las empleadas en las granjas del ganadero.
Vista aérea de la balsa de riego en la que apareció el cadáver de Javier Castillejo.
Cuando la investigación se retrotrae al momento de la desaparición del empresario descubren varios indicios que sitúan a J. G. (a quien la Guardia Civil describe como la «mano derecha» de Castillejo en la gestión de sus granjas durante los últimos tres años) como principal sospechoso del asesinato, junto al «capataz» de las explotaciones ganaderas. Por un lado, tanto la desaparición de la víctima como su asesinato se produjeron en escenarios que frecuentaban el empresario y sus trabajadores, que acudían a la balsa de riego cuando había que reponer el gasoil del motor. Pero además, la «mano derecha» y el «capataz» fueron dos de las últimas personas en ver con vida al fallecido e, incluso, participaron de forma activa en su búsqueda cuando la mujer de la víctima alertó de su desaparición. Y lo hicieron con una actitud que hizo sospechar a los investigadores: pese a conocerse y ser amigos, en todo momento evitaron dirigirse la palabra entre sí.
Confiados de que el contrapeso mantendría el cadáver oculto bajo el agua de la balsa, los principales sospechosos dieron algunos pasos que alimentaron la desconfianza por parte de los investigadores. En primer lugar, la viuda le encomendó a la «mano derecha» de Javier que acudiera a las granjas para comprobar si se encontraba allí, pero el sospechoso no contactó con ella ni respondió a ninguna de sus llamadas mientras se desarrollaba la búsqueda, coincidiendo con el periodo en el que la investigación determina que los asesinos abordaron al empresario para acabar con su vida de forma salvaje.
Por si fuera poco, tanto las granjas como la balsa en la que apareció el cadáver se encuentran en parajes a los que se accede por caminos «muy poco transitados», por lo que sus asesinos debían tener un amplio conocimiento del terreno.
La operación policial
Con estos elementos, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil desarrolló durante algo más de un año una profusa investigación en la que se movilizó a un número de efectivos sin precedentes en la comunidad: participaron el Laboratorio de Criminalística de Madrid, la Unidad Central Operativa (UCO), el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), el Equipo de Análisis de Comportamiento Delictivo (EACD) y el Grupo de Acción Rápida (GAR, la unidad de élite del Instituto Armado).
Las pesquisas condujeron a la detención de siete miembros de un clan familiar: cuatro hombres y tres mujeres, de entre 20 y 61 años, residentes en Calahorra y Autol. Al frente del mismo se encontraba el mencionado J. G., que cuenta con numerosos antecedentes criminales. Entre ellos destaca el asesinato en el año 2009 del empresario cárnico Santiago Mir en Lleida. La instrucción policial concluyó que, estando de permiso penitenciario, lideró a otros tres encapuchados y mató de un disparo al empresario, en presencia de su mujer y su suegra, tras abordar su vivienda para robarle. En cambio, tras el juicio obtuvo la absolución al considerar el tribunal que el testimonio de la viuda de Mir no bastaba para encarcelarlo.
En el caso del crimen de Alfaro, la investigación concluye que tres de los miembros de este clan -con J. G. al frente- supieron que el día del asesinato la víctima se encontraba sola en su granja, con una importante suma de dinero en efectivo. Cuando dieron con el empresario lo ataron, lo amordazaron y lo metieron a la fuerza en el maletero de su propio coche para trasladarlo hasta la balsa de riego. Allí, acabaron con su vida con un arma blanca, le ataron el contrapeso y lo arrojaron al agua, actuando a partir de entonces como si nada hubiera ocurrido y sumándose a las labores de búsqueda del desaparecido.
Todo cambió cuando la Guardia Civil encontró el cuerpo en la balsa. A partir de entonces, pese a ser miembros de la misma familia, los tres presuntos asesinos dejaron de mantener contacto entre sí y adoptaron medidas de seguridad para esquivar el acecho de los investigadores. Uno de ellos, no en vano, cambió de residencia hasta en dos ocasiones y evitó ser visto en público.
Tres posibles móviles para un mismo crimen
Para la Guardia Civil está clara la participación de estos siete miembros de un mismo clan familiar pero, ¿por qué acabaron con la vida de Javier de una forma tan salvaje? Aunque en términos jurídicos el móvil de un crimen no tiene influencia alguna en las responsabilidades de los autores, los investigadores barajan tres posibles motivaciones para el asesinato.
En primer lugar, saben que Javier llevaba consigo una importante suma de dinero en el momento de su desaparición, por lo que el robo fue el primer ‘hilo’ del que tirar para llevar a cabo la instrucción. Especialmente, después de que el coche del empresario apareciera junto a una de las granjas, con las ventanillas bajadas y «papeles revueltos, una bolsa con medicamentos, un teléfono móvil viejo y una cartera de mano» en el asiento del copiloto. Y unos metros más allá encontraron «un cuchillo de matarife de mango amarillo», que «no era de la granja», como aseguró uno de los empleados de la explotación.
Cuchillo de matarife encontrado cerca del coche del empresario asesinado en Alfaro.
En cambio, durante el transcurso de las pesquisas -fundamentalmente, gracias a los interrogatorios- fueron apareciendo otros elementos que afloraron una doble vida de la víctima para sorpresa del grueso de su núcleo más íntimo.
En concreto, cuando la esposa del «capataz» prestó declaración ante la Guardia Civil manifestó que, más allá de la estrictamente profesional, había mantenido con la víctima distintos encuentros sexuales «de forma esporádica». Detalló que ambos «intercambiaban favores, Javier la llevaba a Logroño o donde hiciera falta y ella tenía sexo, todo de forma voluntaria y consentida». Todo, sin que el «capataz» supiera nada, ya que el marido «confía en ella» y «ninguna persona (salvo el empresario y la amante) lo sabe». Debido a ello, los investigadores no descartan que el «capataz» hubiera descubierto la infidelidad de su esposa y hubiera planificado el asesinato por celos. Un «capataz» que, por otro lado y fruto de las intervenciones de su teléfono, compartió con su padre detalles sobre el cadáver de la víctima que no debía conocer, puesto que las actuaciones se encontraban bajo el secreto de sumario y los investigadores no habían compartido dicha información.
Hay un tercer elemento que podría explicar el móvil del crimen y que está relacionada con esa doble vida que llevó Javier. Para sorpresa de su entorno familiar, la investigación revela que el empresario había empezado a consumir estupefacientes y que se rodeaba de personas «peligrosas» y relacionadas con el tráfico de drogas. De hecho, en su declaración policial la «mano derecha» señala que «sabe que consume, pero no sabe qué» y que «alguna vez le ha guardado una bolsita en una cartera-billetera de color marrón y que tiene una goma». Uno de los hermanos de la víctima también indica a los investigadores que pensaba que Javier no consumía drogas, «pero que ayer se enteró porque se lo habían dicho»; y el otro hermano afirma que la «mano derecha» le había comentado días atrás que el empresario estaba consumiendo cocaína. Hechos que permiten explicar el terrible crimen, además, como alguna suerte de ajuste de cuentas por asuntos de drogas.
Una familia ‘exiliada’, los implicados en libertad y un juicio que no llega
Con la detención de los siete miembros del mismo clan familiar presuntamente implicados en el macabro crimen, la Guardia Civil dio por finalizada su labor en octubre de 2019. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Calahorra -tras varias prórrogas y cambios de titular- mantiene activas las pesquisas, tratando de obtener más información reveladora a partir de algunos dispositivos móviles bloqueados durante la fase inicial de la investigación.
Hasta que no se resuelvan estas cuestiones técnicas la instrucción no se dará por concluida para llevar el procediminento a la Audiencia Provincial. Una dilación que tiene entre sus consecuencias la situación de libertad para los señalados como autores del asesinato, toda vez ya ha expirado el periodo máximo de prisión provisional.
Y mientras tanto, la viuda y los hijos de la víctima optaron hace ya tiempo por poner tierra de por medio y cambiar de residencia, lejos de La Rioja. «No entiendo que, pasado todo este tiempo, aún no se haya hecho justicia», repite una y otra vez la viuda de Javier Castillejo, quien ve en este procedimiento «un ejemplo de que algo no funciona en el sistema judicial».
Pese a todo, no pierde la esperanza de que el embrollo judicial que le ha tocado sufrir en primera persona termine por desenmarañarse y pueda ver entre rejas, mucho más tarde de lo deseado, a los responsables de un terrorífico asesinato que conmocionó a La Rioja hace ya seis años.
