La Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías y Logística de La Rioja (CETM) denunciará ante la Comisión Europea el que denomina ‘caso Royo’, al entender que la mercantil Transportes Royo recibió ayudas públicas incompatibles con el mercado interior y que amenazan la competencia, algo prohibido expresamente por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Dicha conclusión se extrae tanto de la auditoría realizada por la consultora KPMG así como del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja, que consideran que Royo recibió del anterior Gobierno de La Rioja una subvención encubierta por importe de 3.650.000 euros para la puesta en marcha del proyecto del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR), vulnerando la normativa de ayudas públicas. «Esta normativa trata de impedir que los entes públicos puedan favorecer a determinadas empresas en detrimento de sus competidoras, lo que supone falsear la competencia», indica CETM.
Para la asociación, «no solo se ha beneficiado exclusivamente a Royo, construyéndose con cargo a fondos públicos una estación intermodal que después se le entrega gratuitamente sin ningún tipo de contraprestación, sino que además desde que entró en funcionamiento este CLIR, ninguna empresa de transportes, excepto Royo, ha podido utilizar la infraestructura multimodal».
«Pese a construirse con cerca de cuatro millones de euros de los contribuyentes, se trata del único centro intermodal en territorio nacional que está vetado al uso de terceros y la única estación de transporte multimodal que no dispone de unas tarifas públicas que permitan el pago por el uso de este», añade.
CETM indica que «la Unión Europea, en casos similares, obliga a la devolución de las ayudas indebidamente percibidas, como ocurrió en el conocido caso de las ‘vacaciones fiscales’ vascas».
Igualmente los informes de KPMG y el Consejo Consultivo de La Rioja concluyeron que en dicha operación se vulneró igualmente la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Fundaciones, por lo que CETM La Rioja emprenderá igualmente acciones penales «por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, administración desleal, falsedad documental y otros que pudieran averiguarse durante la instrucción de la causa».
