Con la vendimia 2024 ya iniciada en varios puntos de Rioja, el sector vitícola recuerda que todavía son muchos los viticultores que no conocen el precio que percibirán por sus uvas ya que, hasta la fecha, «gran parte de los contratos son inexistentes».
Así lo han anunciado este miércoles las tres organizaciones agrarias (ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA-Rioja) y la Federación de Cooperativas FECOAR. El hartazgo del campo continúa y es por ello que exige al Ejecutivo regional una mayor implicación para controlar que las bodegas cumplen con la Ley de la Cadena Alimentaria y pagan por encima de los costes de producción.
«No existe voluntad política para que se cumpla esta norma porque, aunque las sanciones no les correspondan a ellas, velar por el control y cumplimiento de la Ley sí es cosa de cada comunidad autónoma. Además, el viticultor ha pagado un once por ciento más de lo que ha recibido por sus uvas de 2023. ¿Por qué el sector productor sí cumple con la ley y las bodegas no? Pedimos que se les vigile y denuncie de la misma forma que al viticultor porque si él no denuncia es porque tiene miedo de que la bodega decida prescindir ya de él», ha remarcado Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASAJA.
«De media se pagó 10 céntimos menos por un kilo de uva de lo que costó producir según los costes fijados por la Consejería de Agricultura para 2023, pero también conocemos casos en los que el viticultor ha recibido hasta 30 céntimos menos por un kilo de uva tinta. Incluso hay uva de la campaña anterior que todavía no se ha liquidado», ha plasmado Néstor Alcolea, secretario general de UPA La Rioja.
Es por ello las OPA solicitan un cambio para que el registro de contratos sea previo a la primera entrega de la producción, entre unos 15 o 20 días, y «así poder cotejar que dicho contrato cumple con la Ley de la Cadena». «La ley no habla de fechas, así que nos tememos que muchas bodegas van a esperar a presentar contratos prácticamente hasta el momento en el que los viticultores lleguen con sus uvas para descargar y ya no tengan capacidad de negociar el precio», ha añadido Alcolea.
Las organizaciones agrarias han solicitado de igual forma una reunión presencial con los dos eurodiputados riojanos, la popular Esther Herranz y el socialista César Luena (quien todavía debe confirmar asistencia), porque «la Política Agrícola Común necesita un cambio».
Así mismo, han planteado una gran movilización que previsiblemente se hará después de vendimias «para denunciar la inacción política». Mientras tanto, Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador sindical de la UAGR-COAG, asegura que se está trabajando en la organización de actos de denuncia para demostrar a la ciudadanía la diferencia que hay entre los precios que percibe el agricultor y los que paga el consumidor por sus productos.
«No queremos vivir de las ayudas sino de la venta de nuestros productos, pero desgraciadamente las medidas que se fijan desde Europa y el Gobierno central nos obligan a ello», sentencian.
