Empresas

CCOO denuncia impagos a más de 80 trabajadores de tres depuradoras riojanas

El sindicato CCOO ha denunciado los continuos impagos a los más de 80 trabajadores dependientes de la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), adjudicataria hasta el pasado 8 de mayo de la gestión de las depuradoras de Logroño y Calahorra y la potabilizadora de Viguera, que suministra agua a las localidades de Alberite, Albelda, Nalda, Fuenmayor, Villamediana, Murillo, Arrúbal y Agoncillo. La compañía se encuentra en concurso de acreedores y l2leva meses acusando una falta de pagos a las empresas de suministros, falta de recursos económicos y de material de trabajo”.

En concreto, la empresa debe a las personas trabajadoras “la nómina correspondiente al mes de abril, la primera semana de mayo, la paga extra y atrasos de 2023, lo que ascienden a unos 3.500 euros por persona de media”, apunta CCOO, que recuerda que “desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía ya habíamos avisado al Consorcio de Aguas a mediados de abril de la posibilidad de que las personas trabajadoras no cobraran las nóminas del mes”.

De hecho, la organización “lleva advirtiendo desde hace dos años al Consorcio de Aguas que la reducción económica en la licitación podía poner en riesgo la calidad del servicio y el incumplimiento sistemático de las condiciones del pliego público. Trasladamos también el riesgo que la gestión de esta empresa podía suponer, tanto para las personas trabajadoras como para el propio servicio. Han sido varias las alertas dadas por CCOO en relación a esta situación sin que nuestras demandas hayan sido escuchadas o atendidas”.

Por ello, desde CCOO denuncian la “inacción del Consorcio de Aguas frente a la mala gestión de esta empresa en el cumplimiento de su responsabilidad como gestora del agua y con las personas trabajadoras”. “La gestión del agua es un servicio esencial y una mala gestión pone en peligro la salud pública de las localidades afectadas”, subraya, al tiempo que reclama una solución “inmediata a esta situación, que aboca a las personas trabajadoras a esperar una solución mediante vía judicial, la cual alarga los plazos de cobro y deja a muchas personas en una situación salarial precaria”.

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