La diputada Socialista, María Somalo, ha anunciado este miércoles que el PSOE ha presentado dos denuncias, una ante la Inspección de Servicios de la Dirección General de Función Pública y otra ante la Intervención General de la Comunidad Autónoma, para determinar si se ha producido la incompatibilidad de cargos y también si las retribuciones percibidas han sido ilegales.
Somalo ha señalado estas denuncias en vía administrativa como un “paso previo a un posible procedimiento judicial de este caso”. La diputada socialista ha detallado que “dada la manifiesta ilegalidad de la actuación del exgerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y de los miembros del Gobierno de Capellán, que vienen amparando y justificando la misma”, los hechos denunciados el pasado 20 de marzo, sobre “incompatibilidades y sobresueldos cobrados”, se han puesto por el PSOE en conocimiento de los órganos competentes para que se pronuncien, en vía administrativa.
En primer lugar, ente la Inspección de Servicios de la Dirección General de Función Pública, solicitando se “analicen los hechos conocidos y se determine si los mismos acreditan una situación de actuación ilegal o irregular del ahora ya exgerente del SERIS y de aquellos miembros del Gobierno de La Rioja que han defendido y amparado la legalidad de la misma”.
Y en segundo lugar, ante la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a quien corresponde la función interventora respecto de todos los actos, documentos y expedientes de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos resulten.
Según ha señalado Somalo, el exgerente del SERIS, como alto cargo del Gobierno de Capellán, “pudiera estar en sanciones calificadas como muy graves, como es el incumplimiento del deber de dedicación exclusiva, la falsedad u ocultación de los datos de importante trascendencia económica que deban ser incluidos en las declaraciones y en los documentos que hayan de ser presentados en el Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses”.
Hechos, ha explicado Somalo, cuya sanción correspondiente es la “inhabilitación para el desempeño de los cargos cuyo nombramiento corresponda al Consejo de Gobierno o a su presidente, por el espacio de tiempo de 1 a 10 años”. Además, “las cantidades que, en su caso, se hubieren percibido indebidamente por la realización de actividades públicas incompatibles deberán ser restituidas y procederá el cese inmediato en el cargo”.
Y también pudiera tener responsabilidades en su condición de personal estatutario del servicio riojano de salud, que dispone que es “falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad, pudiendo corresponder incluso una sanción de pérdida de su condición de personal estatutario o funcionario o como mínimo, una suspensión de funciones de hasta 6 años”.
Somalo ha calificado de “tomadura de pelo a los riojanos y riojanas” que el Gobierno de Capellán intente justificar la actividad y retribuciones percibidas amparándose en la Orden de la Consejería, porque solo hace falta leerse la Orden pasa ver que estamos ante un hecho “manifiestamente ilegal”.
Por último, la diputada socialista ha acusado a la Consejería que dirige María Martín de hacerle “un traje a medida” al exgerente, desbancándole de la Gerencia del SERIS para que pasase a ocupar la Gerencia de Atención Hospitalaria, durante estos últimos ocho meses y tras solicitar información, vía parlamentaria, de su situación y retribuciones.
