El juicio por el procedimiento de jurado contra un hombre acusado de asesinar a un anciano, al que presuntamente envenenó con un líquido desatascador, para luego heredar en el verano de 2020, dará comienzo este lunes 4 de marzo.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) en un comunicado, un jurado tendrá que determinar si el acusado, un hombre de 46 años, asesinó o no a un anciano de 82 años con el que tenía amistad.
El escrito de acusación del caso establece que el acusado entró en contacto con el anciano en junio de 2020 cuando el segundo le alquiló una plaza de garaje y un trastero en la capital riojana.
Poco después, relata el fiscal, el acusado comenzó a ejercer funciones de asistencia al anciano y poco después incluso llegó a pernoctar en su casa, después de que la víctima sufriera un íctus que le causó problemas de movilidad.
El 17 de julio de 2020 el acusado acompañó a la víctima a una notaría, en la que el anciano otorgó testamento a su favor, aunque con la obligación de prestarle asistencia y cuidados hasta su fallecimiento; hasta entonces el anciano tenía como herederos a sus sobrinos, a partes iguales.
La mañana del día 4 de agosto de 2020 el acusado acudió a un establecimiento de productos de fontanería y compró un producto desatascador profesional. Esa noche, afirma el fiscal, el acusado administró un medicamento al anciano, en cantidad ligeramente superior al rango terapéutico, para provocarle somnolencia.
Según la acusación, cuando se encontraba en ese estado que le impedía defenderse, el acusado le hizo ingerir parte del producto desatascador para causarle la muerte y poder heredar sus bienes.
Transcurrido un cierto tiempo desde la ingesta del líquido, el acusado llamó al servicio de emergencias SOS Rioja, que trasladó al anciano al Hospital San Pedro, donde falleció esa misma madrugada por un fallo multiorgánico del que se determinó que la causa era la ingesta de un producto químico ácido.
Para el fiscal estos hechos suponen un delito de asesinato con alevosía por el que pide para el acusado una pena de 23 años de prisión y 10 más de libertad vigilada; además reclama que indemnice a quienes se determine como herederos del anciano con 300.000 euros en concepto de daño moral.
