La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha criticado este jueves que la consejera de Agricultura del Ejecutivo riojano, Noemí Manzanos, haga una “utilización” de la medida de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación al “esperar que esta región reciba 10 millones de estas ayudas”.
Arraiz, en una rueda informativa, ha indicado que hace dos días se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la activación de la medida de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación de este año, con una dotación presupuestaria de 21,4 millones de euros.
Ha explicado que esta medida, que se activa por segundo año consecutivo, busca “contribuir a equilibrar el mercado del vino y dimensionar la vendimia de 2024 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña”.
Para este año se ha incrementado la dotación en casi 6,5 millones de euros para el conjunto del país, ha dicho, pero “al Gobierno riojano le debe parecer escaso al manifestar la responsable de Agricultura que espera que nuestra comunidad reciba 10 millones de euros en 2024, el doble de la ayuda del año pasado”.
“A fin de dimensionar la cifra solicitada, en 2023 se admitieron 985 hectáreas de viñedo de Rioja para cosecha en verde por una ayuda total de 3,7 millones de euros”, ha precisado. Ha cuestionado “si el Ejecutivo regional cree que las propuestas de vendimia en verde de este año se elevarán hasta los 10 millones de euros o, simplemente, la consejera de Agricultura quería hacer utilización de esta medida”.
“Debemos tener presente todas las administraciones que los agricultores y ganaderos son los primeros interesados en que nadie les manipule políticamente y nadie pretenda utilizar sus justas y legítimas reivindicaciones como un elemento de confrontación política”, ha resaltado.
Colaboración entre las administraciones
Arraiz ha reclamado la colaboración entre las administraciones mediante la mejora de los seguros agrarios, uno de los asuntos con los que más se ha comprometido el Gobierno de España.
En 2011, el presupuesto destinado a estos seguros en España ascendía a 270 millones de euros, aunque se rebajó por el PP hasta los 200 millones en 2018, según Arraiz, quien ha indicado que el actual Ejecutivo nacional ha dotado con 284,5 millones el sistema de seguros para 2024.
Arraiz ha considerado que “este apoyo, muy necesario para el sector agrario, debe conllevar la implicación de las comunidades autónomas, que deben reforzarlo con la ampliación de las aportaciones regionales y complementen hasta el máximo permitido cada línea de seguros”.
Ha afirmado que, fruto del proceso de escucha y diálogo, el pasado día 15 se reunió el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones profesionales agrarias, a las que presentó 18 medidas que “ofrecen soluciones y que están en línea con procurar la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria”.
Entre otras propuestas, ha citado la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y una mejora en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que “facilita una mayor transparencia en la formación de precios y un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena”.
Ha señalado que esta ley ha contribuido a que, de enero de 2022 a diciembre de 2023, descontada la inflación, han aumentado los precios en origen, como, por ejemplo, el de la leche, que ha pasado de 36 a 56 céntimos de euro por litro, el nivel máximo de pago de la Unión Europea (UE).
“Es necesario ir más allá”, según la delegada, por lo que el Gobierno de España creará la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que contará con más medios y efectivos para poner al día los planes de inspección y reforzar la colaboración con las comunidades autónomas en materia de inspección.
