La consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, ha subrayado este lunes la resolución que exonera de penalidades a las residencias de mayores y centros de día que no cumplan con las ratios de personal “no establece que se pueda incumplir la ley” y, si ocurre, habrá sanciones para las empresas.
Martín ha intervenido en el pleno del Parlamento riojano durante el debate de dos mociones consecuencia de interpelación defendidas por el PSOE y Podemos-IU para derogar esa resolución, que han sido rechazadas con el voto en contra del PP y a favor de los dos grupos proponentes y Vox.
La consejera ha recordado que en 2022, con el Gobierno regional presidido por la socialista Concha Andreu, se aprobaron unos acuerdos marco en los que ya se reconoció el déficit estructural de personal en los centros sociosanitarios, pero aún así, se fijaron unas condiciones que “ya se sabía que no se podían cumplir”.
Además, en mayo pasado se modificó una cláusula que “reconoció que esos acuerdos no se podían cumplir” de modo que se cambiaron las sanciones y las penalidades, que pasaron de muy graves a leves, “pero, qué curioso, no hubo democracia en las calles”.
En este sentido, ha aludido a las críticas de la portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, quien antes había cuestionado al diputado popular Alberto Olarte, por referirse en otro asunto del pleno al “ruido y la toxicidad” que provocan las mareas, “que nada tienen de blancas”, en alusión a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.
“Sé que le da igual el ruido, pero va a seguir habiendo. Yo le llamo ejercicio de la democracia por la sociedad civil”, ha respondido Moreno, quien también ha criticado que la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, apoye las “algaradas” en las calles, tras recibir a los agricultores y ganaderos que se han manifestado en las pasadas semanas.
La diputada de IU ha recalcado que “cuando no se cumplen las ratios, las soportan las espaldas de los trabajadores y estas condiciones perjudican a las personas atendidas” en las residencias, por lo que insistido en que se tomen medidas serias y se exija a las empresas que cumplan lo que ponía en los contratos.
Pensar “más en las empresas que en las personas”
Por su parte, la diputada socialista Ana Victoria del Vigo ha asegurado que esta resolución perjudica a la calidad del servicio que se presta a las personas dependientes, ya que al Gobierno del PP “no le importa que las personas tengan derechos, se piensa más en las empresas”. Ha añadido que, con esta resolución, “se premiará a las residencias que no cumplen las ratio de personal, en detrimento de las que sí lo hacen”.
El diputado de Vox Héctor Alacid ha alertado de que resulta de “dudosa legalidad la técnica legislativa empleada por el PP” en esta resolución, “redactada ‘ad hoc’ para una situación y problema concreto”.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha subrayado que el único objetivo de PSOE e IU es “alarmar a la sociedad riojana y enmascarar la nefasta gestión en esta materia durante la legislatura pasada”.
Ha recalcado que se trata de una medida “transitoria, temporal y controlada, para evitar poner en riesgo al sector sociosanitario y posibles ERTE”, de modo que ya se han renegociado diez contratos, y cuando estén todos cambiados, la resolución decaerá.
La Consejería trabaja en nuevo acuerdo marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de estos centros sociasanitarios, ha indicado, y además, trabaja para recuperar la unidad de hospitalización a domicilio para residencias suprimida durante la pandemia. Por alusiones, Manzanos ha pedido la palabra para defender que el Gobierno no cae en contradicciones respecto a las “algaradas” en las calles por las protestas agrarias. “Este Gobierno defiende lo mismo que dijo el PP en campaña electoral respecto a agricultura y ganadería, que es igual que defiende en este pleno y lo que dijo a los agricultores el otro día”, ha concluido.
