El Gobierno de La Rioja defiende que la polémica ‘amnistía’ a las residencias de personas mayores que no cumplan con las ratios de personal es “excepcional, temporal y controlada para evitar males mayores”. Así lo asegura a NueveCuatroUno la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, quien asegura que esta decisión “no se alargará en el tiempo”, a pesar de que en la Orden publicada por el BOR no figura dicha matización. El propósito del Ejecutivo es ganar tiempo mientras “se aprueba un nuevo contrato marco” que fije otro precio de las plazas públicas en los centros.
La exención de sanciones a las residencias ha levantado en pie de guerra a los agentes sociales, que este lunes han anunciado que emprenderán “todas las medidas necesarias para que se revierta la resolución, tanto desde el punto de vista sindical como judicial” y que han tachado la medida como “una de las más vergonzosas que se han tomado en los últimos años”.
Zuazo explica que “desde que entramos en la Consejería nos hemos reunido con las entidades gestoras de las residencias para conocer la realidad de los usuarios y hemos visto que, de no tomar esta medida, el sistema estaba en riesgo”. Así, detalla que las penalidades que se estaban imponiendo a las empresas iban del 7 al 10 por ciento del contrato de sus plazas públicas y que “era una situación muy gravosa para ellos, más cuando hemos comprobado que están haciendo todo lo posible por contratar personal, algo que les está resultando imposible”.
Ante las quejas de la diferencia salarial con otras comunidades, la directora general ha preferido “no valorar lo que están diciendo”, pero reconoce que “se trata de un problema estructural que está sucediendo en toda Europa pero que está afectando especialmente a España, donde necesitamos muchos más cuidadores de los que tenemos”.
Así, adelanta que su área trabaja en medidas colaterales, aunque “la Ley de Contratos no permite revisar los precios que se pagan por las plazas públicas disponibles en residencias privadas” y eso imposibilitaba tomar otra medida que la que se ha publicado en el BOR.
“Había un desequilibrio importante con respecto a estas penalizaciones que estaban siendo muy gravosas y que a algún centro le podía llevar a tener que realizar un ERTE”, indica Zuazo, explicando que “se va a seguir controlando la situación cada mes en las residencias y la situación volverá a ser la misma cuando hagamos un nuevo contrato marco en el que ya se está trabajando”. Recuerda, además, que en La Rioja “estamos muy por encima de las ratios que marca la normativa en algunas especialidades “.
Un millón de euros en sanciones en tres años
En 2021 se impusieron penalizaciones a residencias de personas mayores por un valor de 230.000 euros. Una cifra que subió a 380.000 euros en 2022, mientras que el pasado año ha sido de unos 350.000 euros en residencias y 140.000 euros en centros de día.
Aún así, no son muchas las residencias ni centros de día que se encuentran en esta situación: “Sólo hay tres centros de día afectados y 8 o 9 residencias de personas mayores”, ha cifrado. “En todas las residencias no están igual, porque no es lo mismo encontrar personal en Logroño que en algunos sitios de municipios más pequeños”.
Por último, la directora general aclara que “en la legislatura se optó por rebajar estas sanciones de ‘muy graves’ a ‘leves’, pero entendemos que esa no es la mejor solución”. “En el nuevo contrato marco el objetivo es subir los ratios de gerocultores, pero en tanto se apruebe había que tomar una decisión para no poner en riesgo el sistema”.
