El PSOE ha propuesto este jueves crear, en el Parlamento de La Rioja, una comisión de estudio para analizar con seriedad y rigor el uso de las tecnologías entre los menores y adolescentes, lo que contribuiría a disponer de un diagnóstico y modificar la Ley de Protección de Menores de esta región, que ha calificado como obsoleta.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, en una rueda informativa, ha presentado esta propuesto, con el fin de propiciar un debate sereno y abierto, en el que se tengan en cuenta a todos los actores implicados para realizar un diagnóstico del uso e impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia.
Ha considerado evidente que la relación de niños y adolescentes con la tecnología conlleva riesgos y tiene un impacto físico, emocional y de convivencia.
“Si prestamos atención a lo que comen a diario nuestros hijos, su calendario de vacunas o los programas de televisión que son acordes a su edad, también debemos incluir el uso de móviles en esa lógica de cuidados y protección”, ha subrayado.
Para él, es necesario y urgente abrir un debate sereno, serio y con rigor sobre la tecnología y las redes sociales entre estos colectivos, dado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 7 de cada 10 menores de 15 años tiene móvil.
También ha citado que, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, un 33 % de niños de entre 12 y 16 años está en riesgo elevado de hacer un uso compulsivo de internet y redes sociales.
A ello ha sumado cuestiones como el acoso escolar, el ciberacoso, el uso intensivo de videojuegos no recomendables y las apuestas online, por lo que este asuntos requiere un debate de fondo.
Las conclusiones y recomendaciones de esta comisión de estudio constituirán una magnífica oportunidad para actualizar los datos de acoso escolar y ciberacoso, de soledad no deseada, así como las causas del aumento de delitos sexuales entre menores en nuestro territorio, ha precisado.
Además, serían muy útiles para la redacción eficaz de políticas en ámbitos como el educativo, infancia, familia, sanitario y ciberseguridad; y contribuiría a la reforma de la Ley de Protección de Menores de La Rioja, “una norma que ha quedado obsoleta y que ha de adaptarse a los retos actuales y de futuro”.
