El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de Ley para la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y cónyuges, bonificación que ahorrará 8,3 millones de euros a las familias riojanas.
Lo ha anunciado el portavoz del Consejo y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en la rueda informativa posterior a la reunión del Ejecutivo, que, con esta medida, da un primer paso a “una intensa agenda de reformas, que aliviarán la carga fiscal a los riojanos en esta legislatura”.
El Gobierno regional remitirá este proyecto de Ley al Parlamento regional para su debate, aprobación y entrada en vigor. Con la eliminación de ese tributo “muy anacrónico y confiscatorio”, el Gobierno regional, presidido por Gonzalo Capellán, retoma la situación de antes de 2015, en que este impuesto estaba eliminado, y se sitúa al nivel de ocho autonomías de régimen común.
La Rioja recupera plenamente esta exención, que ya estuvo vigente entre 2004 y 2015, y se suma así al grupo de ocho autonomías de régimen común (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) en las que resulta más barato legar a los parientes más cercanos (grupos I y II del impuesto), incluso que en las comunidades forales, y en las que no se penaliza a quienes hacen una donación a sus hijos o por bienes que ya tributaron a través del IRPF, IBI, AJD, IVA y las plusvalías municipales.
“Familias”, ha subrayado el consejero durante su intervención, que “está esperando la supresión de una vez por todas de este impuesto injusto que castiga a quien ha trabajado, a quien ha estudiado y a quien ha guardado unos ahorros”.
Según las estimaciones de la Dirección General de Tributos, el coste fiscal de la bonificación, calculado en 8,3 millones de euros, “se verá compensado con mayores ingresos derivados de la mejora de la economía, en especial, en los correspondientes al Sistema de Financiación Autonómica, y por el estricto control que la Comunidad está realizando en las políticas de gasto público como, por ejemplo, el ahorro en la estructura del Gobierno”, ha destacado.
Es por ello por lo que la práctica supresión de este tributo “no supondrá ninguna merma en la prestación de los servicios públicos: dados los niveles de recaudación que existen ahora mismo en las administraciones hay margen suficiente para bajar impuestos y mantener y mejorar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales”.
La reforma fiscal, que no tendrá carácter retroactivo, inicia su tramitación como anteproyecto de Ley en el Parlamento de La Rioja y el Ejecutivo regional espera que esté aprobada “en unos meses”, ha avanzado Domínguez. Quien además ha incidido en que “al ser un impuesto estatal lo deseable sería que el Gobierno de España lo eliminase de forma completa, como así ha venido reclamando La Rioja en años anteriores”.
