La Rioja registró una tasa de 30,7 demandas de disolución matrimoniales por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre de este año, la más baja del conjunto de las comunidades autónomas.
En el ámbito nacional, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios ha descendido un 10,3 por ciento en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo período del año anterior debido al impacto d la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se han presentado en los órganos judiciales un total de 22.647 demandas de disolución matrimonial y todas las formas han disminuido excepto las demandas de separación no consensuadas, que se han mantenido estables respecto a 2022.
La huelga de los LAJ, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo, ha impactado en la resolución de asuntos y también en el ingreso, puesto que el número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los órganos judiciales, y por tanto no se han computado como ingresados, ha crecido “enormemente” en el primer trimestre de 2023, explica el CGPJ.
En el caso de los asuntos civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los asuntos pendientes de ser aceptados han pasado de 20 en el primer trimestre de 2022 a 155 en el mismo período de 2023; en los Juzgados de Familia, el incremento ha sido de 177 a 4.077.
Las 12.839 demandas de divorcio consensuado representan un 12,8 por ciento menos que las registradas en el primer trimestre de 2022; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 550, han disminuido un 23,9 por ciento; las 8.954 no consensuadas son un 5,7 por ciento menos que las presentadas el año anterior; mientras que las demandas de nulidad han sido un 33,3 por ciento menos (12).
El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 65,4; Navarra (56,4), Comunidad Valenciana (53,7); Andalucía (51,4); Baleares (51) y Asturias (48,1).
En todos esos territorios se ha superado la media nacional, que es de 47,1 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en La Rioja (30,7), Madrid (37,3) y Castilla y León, con 37,9.
En cuanto a la modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, han disminuido todas excepto las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales no consensuadas, que han aumentado un 1,2 por ciento hasta las 7.004.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas (3.003) han descendido un 10,6 por ciento, en tanto que las no consensuadas (8.097) lo han hecho un 4,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2022, y los cambios de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (5.382) disminuyeron un 8,6 por ciento.
