El Colegio de la Abogacía de La Rioja ha exigido este lunes “un trato digno” hacia estos profesionales y que se les comunique con antelación la suspensión de vistas u otros actos previamente señalados por motivos del ejercicio del derecho a la huelga.
En una nota, ha reprobado determinadas actuaciones “injustificadas e inaceptables” en un correcto ejercicio del derecho de huelga, como no comunicar con tiempo la suspensión de esos actos o, a las 10:00 horas, “dar con la puerta en las narices” a los ciudadanos y abogados que esperan a la entrada de las salas de vistas, “sin ningún tipo de explicación, más allí de un mal entendido ejercicio derecho de huelga”.
Ha insistido en exigir “un trato digno a los profesionales de la abogacía de La Rioja” y ha recordado que “el ejercicio de cualquier derecho ha de ser compatible con otros derechos esenciales afectados”.
Este Colegio ha reiterado su “profunda preocupación” por el estado de la Administración de Justicia en general, con la falta de un plan global de actuación, reflejado en un Pacto de Estado por la Justicia, que aborde de forma conjunta e integral todos los problemas de los que adolece.
Esta situación, ha añadido, afecta de forma esencial al derecho de tutela judicial efectiva de los ciudadanos, que “ven como el funcionamiento de la justicia implica aceptar con resignación lo que se denomina ‘situación normal'”.
Ello conlleva retrasos “inaceptables” en la tramitación de sus expedientes y en las agendas de señalamientos, que “convierten el derecho de tutela judicial efectiva en una aspiración muy lejana a su realidad cotidiana”, ha indicado.
Cree que esta situación, agravada por la pandemia, se ve ahora afectada de forma “gravísima” por la sucesión de huelgas desarrolladas o anunciadas por los funcionarios públicos de diversos cuerpos y escalas.
“Lejos de ponderar y valorar estas medidas en función del logro de sus reivindicaciones, parecen medir el éxito de las mismas (huelgas) por el número de actuaciones judiciales que son capaces de suspender”, ha precisado.
Este hecho supone “un desprecio absoluto por la afectación al propio derecho de tutela judicial efectiva de los ciudadanos” y “al derecho del resto de profesionales de la justicia”, muy especialmente de los abogados a ejercer su actividad profesional de “forma digna”.
El Colegio ha mostrado su rechazo a esta forma de ejercer el derecho de huelga, que, “en todo caso, debe ser compatible con otros derechos esenciales en juego”.
