Los órganos judiciales de La Rioja acumulan más de 1.500 actuaciones paralizadas, entre ellas 750 juicios suspendidos, por la huelga indefinida de los letrados de Administración de Justicia, iniciada el pasado 24 de enero.
Estos profesionales han vuelto a concentrarse este miércoles en la puerta del Palacio de Justicia en Logroño con la pancarta “Exigimos al Ministerio de Justicia que cumpla los acuerdos firmados. Llop dimisión. Tontxu dimisión”.
La portavoz de este colectivo, la delegada en La Rioja de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Judit González Barriales, ha precisado a EFE que el seguimiento diario de la protesta oscila entre el 90 y 92 por ciento.
Ha asegurado que van a ser necesarios “planes de contingencia” para desatascar todos los procedimientos paralizados por su protesta, convocada para reclamar al Ministerio mejoras retributivas y laborales, acordes a las nuevas funciones que se les ha ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.
González Barrielos ha puntualizado que el Gobierno de La Rioja tendrá que asumir el coste económico para que sus funcionarios ejecuten esos planes de contingencia, “por lo que ya no es un problema nacional”.
Pensiones alimentarias sin distribuir
Ha recordado que hay 30.000 euros retenidos por las pensiones alimentarias de febrero que no se han distribuido y consignaciones por valor de entre 1,5 y 2 millones de euros que ya podrían haber salido de las cuentas judiciales.
También ha lamentado la actitud del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien ha realizado “una campaña en la que trata de poner a la ciudadanía en contra de los letrados de administración de justicia” y asegura que todas sus peticiones están ya cumplidas.
En sentido, ha precisado que los letrados ya hicieron dos días de huelga en noviembre pasado, otros dos en diciembre, este miércoles comienza su cuarta semana de huelga indefinida y hasta la semana pasada no citaron al comité de huelga para reunirse mañana, 16 de febrero. “El Ministerio de Justicia podría haber evitado los cuatro días de protesta del año pasado y esta huelga indefinida de 2023”, ha recalcado.
Esta delegada de la UPSJ ha criticado que el Ministerio considere que ha cumplido todas las cuestiones pactadas en abril de 2022 pero ha puntulizado que “no se ha publicado en ningún decreto el régimen de sustituciones”.
En este sentido, ha precisado que solo hay una instrucción del secretario de Innovación y Calidad en la Justicia por la que se aporta, cada seis meses, un dinero determinado por las sustituciones, que está “topado” al año.
Tampoco se han cumplido sus reivindicaciones sobre los reales decretos retributivos, los núcleos de población y la cláusula de enganche, ha subrayado González Barrielos.
