La Audiencia de Zaragoza ha confirmado la decisión del juez instructor que investiga la presunta entrada ilegal en el país del líder polisario Brahim Ghali de mantener unida la causa en un único procedimiento y de no desgajar a favor de un juzgado de Logroño la supuesta utilización de un pasaporte falsificado para acceder a un centro hospitalario riojano y ser asistido de un COVID agravado.
La división de la causa fue solicitada por la Fiscalía al juez de Zaragoza que investiga el caso en un recurso en el que alegaba que la falsedad documental investigada carecía de conexión con el de prevaricación también denunciado y solicitaba que fuera un juzgado de Logroño el encargado de determinar si Ghali o alguno de sus acompañantes, entre ellos su hijo, utilizaron un pasaporte falso en el centro hospitalario horas después de aterrizar en la base aérea de Zaragoza en un avión procedente de Argelia, el 18 de abril de 2021.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Zaragoza da la razón en todos sus extremos al instructor del caso, Rafael Lasala, y al representante de la acusación popular, el letrado malagueño Antonio Urdiales, tras considerar que ambos delitos están “directa e íntimamente relacionados, y difícilmente podría llegarse a entender uno sin el otro”.
A juicio de este tribunal, la instrucción evidencia que Ghali “entró de manera irregular en España y que inmediatamente después de su entrada fue trasladado a Logroño, donde en un hospital una persona utilizó documentación de identificación que podría estar falsificada”.
Admiten los magistrados que en relación a la prevaricación denunciada no existe en la actualidad ninguna persona investigada, tras el sobreseimiento de la causa en relación a la exministra de Exteriores Arantxa González Laya y de su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, pero recuerda a la fiscalía que dicho archivo no se acordó también para la existencia del delito en sí.
Y recuerdan que en el auto que rechazó la división de la causa, el instructor fundaba su decisión en la “íntima y directa” relación de la prevaricación con la falsedad documental, y se quejaba de las “dificultades” que le estaba suponiendo la investigación de los hechos.
A este respecto, en su escrito de alegaciones contra el recurso del fiscal, el letrado de la acusación popular advertía que “sólo la abusiva e improcedente aplicación de la Ley de Secretos Oficiales ha impedido hasta la fecha conocer cómo se concertó por las autoridades argelinas y españolas la entrada de un individuo buscado por las autoridades judiciales españolas”.
Mientras tanto, el juez Lasala acordó el pasado 7 de diciembre archivar las diligencias abiertas y ordenar la búsqueda del hijo de Brahim Gali para determinar si tuvo participación en el uso del presunto pasaporte falsificado con el que accedió su padre al hospital logroñés.
Esta orden fue dictada tras la contestación oficial que recibió el magistrado de los responsables de la delegación del Frente Polisario en España argumentando que desconocían el viaje de su líder a España y las circunstancias en las que se desarrolló hasta su regreso a Argelia.
