UGT ha denunciado este martes la “pesadilla” a la que se están viendo sometidos los trabajadores que atienden las llamadas de emergencia del servicio 112, que hasta el 31 de diciembre formaban parte de la empresa Lanalden S. A. y desde el 1 de enero se han integrado en la empresa pública La Rioja Cuida.
El sindicato afirma que la mercantil “ha sustraido de las nóminas de los trabajadores una cantidad monetaria en concepto de horas que a su parecer, y sin aviso previo, alega que no han hecho”. La plantilla -detalla UGT- cobra por este servicio una media de 1000 euros mensuales, y alguna de las personas trabajadoras ha llegado a sufrir una merma de hasta 190 euros por este motivo.
“Queda constancia que ningún trabajador y ninguna trabajadora se ha ausentado de su puesto de trabajo y que han cumplido rigurosamente el calendario impuesto por la empresa”, especifica la organización, que subraya que “a la empresa le importa muy poco el personal laboral, la calidad del servicio que ha prestado al Gobierno de La Rioja tampoco le importa; y lo único que tiene relevancia es el beneficio empresarial a costa de cualquier práctica”.
Otra prueba que respalda estas acusaciones es el hecho de que “la empresa se va sin ejecutar parte del plan de formación comprometido en el pliego de contratación, por lo que fue elegida y se le concedió el servicio de atención”. “De esta manera no solo se marcha hurtando al Gobierno de La Rioja, sino que también deja a los trabajadores y trabajadoras sin parte de su formación, y a los ciudadanos sin una mayor calidad del servicio”, añade UGT.
FOTO: EFE/Raquel Manzanares.
Así las cosas, el personal de atención de llamadas de emergencia “pretende tomar acciones legales por la vía judicial para luchar contra los impagos por parte de la empresa Lanalden S.A., asimilando los costes humanos y monetarios que el proceso conlleva”.
Desde UGT Servicios Públicos “se hace un llamamiento al Gobierno de La Rioja para que brinde su apoyo en esta última lucha y se sancione convenientemente a la empresa para que, como mínimo, se devuelva la formación no impartida o que no se la cobre, ya que se trata de dinero público que pertenece a los contribuyentes”.
“Los salarios y las condiciones de trabajo han de mejorar a través de un convenio único para todas las personas trabajadoras de la empresa pública, que contemple todos los ángulos de los diferentes puestos de trabajo y de los profesionales de la urgencia. No solo se busca un salario digno, sino también una formación más específica y unos sistemas de selección de personal y de promoción interna más reglados, y más garantes, acordes a la administración del siglo XXI que el ciudadano paga y merece”, concluye el comunicado del sindicato, que lamenta que “empresas como Lanalden S.A. no tienen cabida en los servicios públicos, y mucho menos en los servicios públicos esenciales como el 112”.
