Los siete pueblos comprendidos por el futuro parque natural del Alto Najerilla perderán sus competencias municipales y, de aprobarse el proyecto como pretende el Gobierno regional, quedarán supeditados a la Administración autonómica ante cualquier decisión que afecte a sus términos municipales.
Así lo han asegurado este martes desde el PP, en una conferencia de prensa en la que han participado los diputados autonómicos que forman parte de la Comisión de Sostenibilidad del Parlamento regional, Noemí Manzanos, Carlos Cuevas y María Martín y los alcaldes de Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Ventrosa y Villavelayo.
Manzanos ha incidido en las “malas formas” empleadas por el Gobierno regional para tramitar la Ley por la que se creará el parque natural, que “es una tropelía más y busca imponer algo que no será bueno para la zona”.
La diputada popular ha recalcado que su partido no se opone a crear un parque natural en la zona de las Siete Villas y, de hecho, ha admitido que es una propuesta de su partido desde 2005; sin embargo, ha recordado que el PP “aparcó” el proyecto ante la falta de unanimidad y consenso en la zona en torno al proyecto “y eso todavía no existe”.
Ha acusado al consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, de aprobar “de forma unilateral” el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la zona “que está recurrido en los tribunales”, ha recordado; después de ese paso, dado en agosto, el 9 de noviembre se aprobó el proyecto de Ley por el Gobierno “para imponer su parque, su capricho”.
“Estamos en contra de que esta Ley salga adelante por lectura única, sin calidad legislativa, sin debate parlamentarios, coartando el trabajo de los diputados e impidiendo que expertos aporten mejoras al texto”, ha recalcado Manzanos.
Además “también estamos en contra del fondo del parque de Álex Dorado” ya que en caso de aprobarse como pretende el Gobierno “se impedirá la construcción de infraestructuras necesarias y más de 40.000 hectáreas pasarán a ser de especial protección, en donde se prohibirán usos actuales y solo se autorizará los que acepte el Gobierno regional” ya que “las competencias municipales pasarán a una junta rectora controlada por el Ejecutivo autonómico”.
Es decir, sostiene el PP, el proyecto actual deparará “pérdida de vida en esos municipios, menos habitantes y menos ingresos para los pueblos”.
Por ello el PP ha exigido la retirada del proyecto, que podría debatirse en la Cámara el próximo lunes, “y que se empiece a trabajar en serio, a dialogar y a escuchar a los alcaldes, para hacer un parque útil para la zona” aunque “si sigue adelante gracias el rodillo parlamentario, el día que lleguemos al Gobierno haremos un plan de ordenación acorde a estos municipios”.
La alcaldesa de Viniegra de Arriba, Laura Crespi, en representación de sus compañeros, ha acusado al consejero de que les aseguró que “la solicitud del parque solo conllevaría hacer un estudio” y “sin embargo se usó para decir que queríamos el parque” por lo que revocaron el acuerdo del pleno municipal.
“Además, en una reunión en Mansilla se nos dijo que expusiéramos nuestros problemas, que son el lobo y la actividad ganadera, y luego la respuesta fue dar especial protección al lobo”, ha afirmado la alcaldesa, que ha criticado el que “todo ha sido impuesto y solo han ido (el Gobierno) a darnos un documento con las prohibiciones que va a haber”.
También ha incidido en que, en realidad, “todos estos pueblos ya tienen terreno protegido” pero “ahora lo que se propone es que los aprovechamientos los perdamos y sean los que decida el Gobierno regional”.
Un vecino de Villavelayo, Juan Carlos Morcillo, ha incidido, también, en que “la tramitación del parque se ha hecho a espaldas de los vecinos y de propietarios de suelo” cuando “no todo es de los ayuntamientos” y “no se nos ha dado audiencia”.
“A nosotros nos representan alcaldes y concejales, pero ahora se quiere que pierdan sus competencias y que todo deberá ser autorizado por el Gobierno regional en toda la extensión del parque, algo que puede ir en contra de intereses legítimos de los ayuntamientos, porque se propone una lista escalofriante de prohibiciones”, ha explicado.
De hecho, ha alertado sobre el que, mientras que en el parque Sierra de Cebollera la administración regional solo tiene potestad sobre el terreno común protegido, aquí se propone que la tenga sobre los siete términos municipales completos “algo que incluso altera el régimen jurídico de los ayuntamientos”, ha advertido.
La diputada regional del PP, María Martín, ha considerado que ese punto que afecta a todos los términos municipales, y no solo a una parte con interés medioambiental, se debe a “la pretensión de hacer una tramitación por vía de urgencia, más corta” porque “ante el final de legislatura el Gobierno regional tiene muchos nervios y se quiere colgar medallas con nuevas leyes”.
